Una década después del feminicidio que estremeció a México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo que marca un hito en la lucha por los derechos de las víctimas indirectas de feminicidio. En un país donde cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres, y donde la impunidad ha sido parte del ecosistema judicial, el caso de Fátima Quintana Gutiérrez —asesinada brutalmente a los 12 años en 2015— se convierte ahora en referencia judicial nacional y símbolo de resistencia familiar.
El fallo de la Primera Sala de la SCJN, aprobado por unanimidad el pasado 14 de mayo, reconoce a los padres de Fátima, Lorena Gutiérrez Rangel y Jesús Quintana Vega, como víctimas indirectas del feminicidio. Esto obliga a las autoridades judiciales del Estado de México a garantizarles una reparación integral del daño, tanto en el plano material como simbólico. Un reconocimiento que les había sido negado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, pese a años de lucha legal y desplazamiento forzado por amenazas vinculadas al caso.
La sentencia, propuesta por la ministra Margarita Ríos Farjat, constituye un precedente sin igual al establecer que el reconocimiento de víctimas indirectas no debe depender de formalismos jurídicos, sino del vínculo con la persona asesinada y el impacto real sobre sus vidas. A diferencia de criterios pasados, ahora se impone como doctrina que los familiares deben ser considerados como sujetos con derecho a justicia y reparación, sin que deban pasar por filtros administrativos que deshumanicen su dolor.
El caso de Fátima no solo desnudó la brutalidad feminicida, sino la desprotección institucional. La niña fue atacada camino a casa tras salir de la secundaria en Lerma, Estado de México. Tres hombres la violaron y torturaron con una violencia que excede cualquier descripción forense: más de noventa puñaladas, fracturas múltiples, traumatismo craneal, y piedras de más de 30 kilos sobre su cuerpo. Años después, su madre Lorena reconstruyó públicamente los hechos, denunciando que la lucha por justicia ha sido otro tipo de tortura: “Nos asesinaron junto con ella”, ha repetido durante una década.
El sistema judicial estatal y federal tampoco protegió a la familia tras el crimen. Fueron víctimas de amenazas constantes y obligados a desplazarse a Nuevo León. En ese nuevo exilio forzado, su hijo Daniel, de 16 años, murió por negligencia médica, aun cuando se encontraba bajo medidas de protección. La omisión institucional no solo permitió la impunidad, sino que agravó la tragedia familiar.
La sentencia de la Corte obliga también a implementar medidas de satisfacción y de no repetición. Entre ellas, la pavimentación de caminos inseguros, instalación de cámaras de videovigilancia, botones de auxilio, vigilancia comunitaria, transporte público accesible para niñas y niños, y campañas locales sobre violencia de género. A nivel simbólico, se contemplan una disculpa pública por parte de autoridades estatales y la construcción de una estatua en memoria de Fátima, como recordatorio permanente de la exigencia de justicia.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), acompañante del caso durante ocho años, destacó que este fallo “no sólo representa justicia para Fátima, sino un precedente histórico en la reparación del daño y en las medidas de no repetición en casos de feminicidio”. También subrayó que en el Estado de México, entre 2022 y 2024, se contabilizaron 1,052 asesinatos de mujeres, de los cuales solo el 28% fueron clasificados como feminicidios, y más de 31 mil mujeres siguen desaparecidas en la entidad.
El fallo también interpela el papel del Estado en su conjunto. La SCJN exhortó a las autoridades mexiquenses a actuar con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y bajo el interés superior de la niñez. Esto no sólo por los fallos del pasado, sino porque lo que se decida hoy configura el marco para los derechos de las víctimas del mañana.
Lorena Gutiérrez, quien ha sostenido la causa con una mezcla de dignidad y furia, agradeció a sus abogadas, a la ministra Ríos Farjat y al OCNF. También dedicó este logro a otras familias que siguen buscando justicia: “Compartimos este logro y lo hacemos extensivo. La lucha es por todas”, declaró.
Este fallo no revierte el horror vivido por la familia Quintana Gutiérrez. Pero sí cambia las reglas del juego para futuras víctimas indirectas. Establece que el dolor tiene nombre jurídico, que la justicia puede dejar de ser promesa, y que cada niña como Fátima merece no solo ser llorada, sino recordada desde la dignidad.
