- Los litigantes se presentaron para exigir que fueran pagados 90 mil pesos a la exempleada Graciela Bautista
- Kendor Macías manifestó que son laudos heredados de pasadas dirigencias, mismos que se han estado arreglando
El embargo al edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue una falsa alarma, pues se dijo que presuntos abogados estarían tomando posesión del inmueble por falta de pago en las rentas; no obstante, los litigantes se presentaron para exigir que fueran pagados 90 mil pesos a la exempleada Graciela Bautista, quien solicitó, además, ser reinstalada en la Secretaría de Organización.
El presidente del CDE, Kendor Macías Martínez señaló que buscan llegar a un buen término con la extrabajadora: “Y lo que se busca es llegar a un acuerdo con ella, ya que así se ha hecho con otros laudos que se han venido resolviendo en esta dirigencia y que, por desgracia, fueron heredados desde hace muchos años”.
Explicó que en el caso de esta trabajadora fue la dirigencia antepasada la que la despidió sin justificación “y ella, conforme a sus derechos, busca lo justo”. Agregó que en este momento se reincorpora como trabajadora y luego se continuará con el juicio, “incluso, ella ya está en el PRD y fue candidata plurinominal y nosotros también estamos en el derecho de defendernos para que sea lo justo”.
Dijo que muchos extrabajadores demandan pagos exorbitantes, “por ejemplo, ella dice que ganaba $1,500 por día y nosotros veremos que sea lo justo, porque incluso es en defensa del propio partido”. Señaló que lo que ella pedía era más de medio millón “y eso no es justo y por eso estamos en este proceso”.
Mencionó que se heredaron casi 16 laudos, de los cuales quedan solo tres, siendo el último de estos de 600 mil pesos “y no es culpa de esta dirigencia y, pues, se ha llegado a acuerdos”.
En la cuestión del edificio, el presidente local del PRI señaló que se está al corriente en los pagos: “El edificio le pertenece a Gobierno del Estado y en su momento se hizo un fideicomiso para pagar una renta y eso es lo que se dejó de hacer en el 2015 y también es un problema que ya se resolvió y ahorita está conforme a la ley”.
Al respecto, la secretaria general, Leslie Atilano, explicó que los laudos que se deben se vienen arrastrando de administraciones pasadas y es un proceso legal que no es fácil: “En el PRI no nos preocupa, porque estamos actuando conforme a la ley”.
