La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó una denuncia penal contra la jueza Jovita Vargas Alarcón, a quien acusa de brindar una “escandalosa protección” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, prófugo desde marzo por delitos graves vinculados con corrupción. La jueza, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, habría obstaculizado la acción de la justicia al no exigir la comparecencia personal del exmandatario y al retrasar indebidamente las diligencias judiciales.
Aureoles está imputado por presunto peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. El caso gira en torno a un daño patrimonial estimado en 3 mil 412 millones de pesos, producto de adjudicaciones directas a la Inmobiliaria DIP para la renta y compra sobrevalorada de siete cuarteles de la Guardia Civil en varios municipios michoacanos.
La FGR señala que, pese a que Vargas Alarcón había ordenado la comparecencia del exgobernador para el 9 de mayo, este no acudió. En lugar de declarar su incomparecencia y avanzar con la orden de aprehensión vigente, la jueza consideró suficiente un escrito entregado por la defensa, el cual no fue ratificado por el imputado. Posteriormente, programó una nueva audiencia hasta el 20 de agosto, lo que viola el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece un plazo máximo de 15 días para reagendar este tipo de diligencias.
La FGR calificó esta decisión como “parcial e injusta”, y denunció que la suspensión de la orden de aprehensión se dio sin justificación legal. Para la Fiscalía, este tipo de resoluciones favorecen la impunidad y socavan el Estado de Derecho, especialmente tratándose de un imputado que ya cuenta con ficha roja de la Interpol y cuya localización ha sido rastreada fuera de Michoacán.
La narrativa judicial se agrava con antecedentes. La jueza ya había recibido el caso cuando Aureoles solicitó un amparo ante su orden de detención. En ese juicio (número 441/2025), el Ministerio Público denunció inconsistencias en la firma del exgobernador, por lo que se exigió su presencia física para ratificarla. El desacato a esta condición no tuvo consecuencias inmediatas, lo cual —según la Fiscalía— permitió que el político evitara la detención.
Mientras tres de sus exfuncionarios han sido ya aprehendidos y vinculados a proceso por los mismos delitos, Aureoles permanece prófugo. De acuerdo con versiones recabadas por la FGR, habría huido a Guadalajara en helicóptero, alojándose en un hotel de lujo. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), que lidera María de la Luz Mijangos, sostiene que hay suficientes elementos para avanzar en el proceso, pero que decisiones como las de la jueza Vargas Alarcón obstaculizan los esfuerzos.
Además de la denuncia penal contra la jueza, la FGR interpuso una queja procesal y ha impugnado formalmente la suspensión que evita la ejecución de la orden de aprehensión. Según el fiscal general Alejandro Gertz Manero, el cerco legal contra Aureoles sigue vigente y es solo cuestión de tiempo para lograr su captura: “Prácticamente todos sus cómplices ya fueron detenidos”.
En paralelo, la FEMCC ha presentado un incidente judicial para demostrar que la firma usada por Aureoles en su solicitud de amparo no le pertenece, lo que podría derivar en nuevas imputaciones por falsificación de documentos o fraude procesal.
El caso de Silvano Aureoles es una muestra de las fricciones persistentes entre el aparato judicial y las instituciones encargadas de la procuración de justicia en México. Mientras el Ministerio Público impulsa acusaciones por desvíos millonarios, el Poder Judicial enfrenta cuestionamientos sobre decisiones que —más allá de lo técnico— parecen socavar la imparcialidad que la ciudadanía espera de sus jueces.
