A casi cuatro años de su lanzamiento, Gas Bienestar, el programa creado en 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo no logró extenderse como se prometió, sino que opera con pérdidas constantes, depende de subsidios y se mantiene restringido a solo nueve alcaldías de la Ciudad de México. Así lo revela una investigación de El Universal que expone las inconsistencias financieras, técnicas y políticas del proyecto.
Aunque su objetivo era ofrecer gas LP a precios accesibles, los informes oficiales —citados por El Universal— muestran un panorama crítico. En 2024, los ingresos fueron de apenas 174.4 millones de pesos, frente a más de 1,298 millones en gastos, principalmente por la compra de cilindros y la reparación de más de 800 mil tanques. Lejos de ser una empresa productiva del Estado, Gas Bienestar representa hoy una carga para Pemex, que ha tenido que aportar 300 millones de pesos adicionales para mantenerla a flote.
López Obrador prometió que el programa cubriría toda la capital, luego ocho estados más y, en una tercera etapa, todo el país. Pero eso nunca sucedió. De acuerdo con El Universal, Gas Bienestar opera únicamente en nueve alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Xochimilco. No cumplió ni la primera fase de expansión.
Además, el control de precios ha generado tensiones con el sector privado. Desde 2021, el gobierno estableció un tope de 10.61 pesos por litro de gas LP, lo que, según El Universal, ha distorsionado el mercado. Compañías gaseras denuncian que esta tarifa es inviable para operar, ha derivado en despidos y amenaza con provocar cierres masivos.
El 15 de mayo, los distribuidores anunciaron que de no haber diálogo con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Energía Luz Elena González, se realizará un paro nacional en junio. Acusan además a la Sener de actuar como “actor hostil” y no como regulador imparcial, al bloquear permisos, imponer regulaciones arbitrarias y debilitar la infraestructura privada. Según su comunicado, esta política “ineficiente e irresponsable” pone en riesgo la seguridad energética de 100 millones de mexicanos.
El sector propone un aumento de 4 pesos por litro como medida mínima para garantizar la sostenibilidad de la cadena de suministro. Recordaron que el gas LP es el principal combustible en 76% de los hogares del país, lo cual hace urgente una revisión de la estrategia gubernamental.
La situación de Pemex, a su vez, es igualmente preocupante. En su cuarto informe trimestral de 2024, la paraestatal reconoció que su alto endeudamiento está vinculado, entre otras razones, al financiamiento de filiales deficitarias como Gas Bienestar. Para no comprometer su viabilidad operativa, podría requerir nuevos recursos y medidas de austeridad, según el mismo documento citado por El Universal.
Gas Bienestar no es un caso aislado. Forma parte de una serie de megaproyectos del sexenio lopezobradorista que no cumplieron con sus expectativas. Junto con Dos Bocas, cuya construcción superó los 20 mil millones de dólares y aún no opera con estabilidad, y el AIFA, cuya autonomía financiera ha sido cuestionada por el Instituto Nacional de Investigación Jurídico-Aeronáuticas, forman un conjunto de obras que han sido más simbólicas que efectivas.
Pese a los discursos triunfalistas de la administración saliente, la investigación de El Universal revela que los resultados tangibles son pobres. Gas Bienestar opera con pérdidas, Pemex se endeuda más, y el mercado energético privado se debilita. Todo ello mientras el presupuesto público sigue absorbiendo los costos.
La administración entrante enfrentará una decisión compleja: ¿reestructurar, rescatar o cancelar? La respuesta deberá llegar pronto. La industria está al borde del colapso, el presupuesto es limitado y la ciudadanía —que sí usa gas todos los días— necesita respuestas más que slogans.
