Una bodega con casi ocho millones de litros de hidrocarburo ilegal fue asegurada en marzo de 2025 en Ensenada, Baja California. El predio pertenece al exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, quien tras la operación federal —catalogada como uno de los decomisos más grandes en la historia reciente— tramitó un amparo para evitar ser detenido. La información fue documentada por medios como Reforma, Zeta Tijuana y otros medios.
El operativo, coordinado por el Ejército, la Marina, Pemex y la Fiscalía General de la República (FGR), se ejecutó con orden judicial. En el sitio, las autoridades hallaron una infraestructura montada para el almacenamiento masivo: más de 100 contenedores tipo frac tank, tractocamiones, motobombas, cisternas y equipo de bombeo. La intervención no fue casual: derivó de denuncias ciudadanas y actividades irregulares detectadas por inteligencia federal en la zona. El Gobierno Federal confirmó el hallazgo como parte de la estrategia nacional contra el robo de combustible.
La respuesta de Novelo no se hizo esperar. A través de redes sociales —publicación que luego eliminó— admitió que el predio es suyo, pero aseguró que está arrendado desde 2005 a Luis Francisco Rodríguez Orozco, alias “El Gussy”. Incluso mostró un fragmento del contrato en el que también figura Diego Alonso Montoya Bonillas como obligado solidario. No obstante, la FGR abrió la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025 en su contra, bajo el cargo de robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos.
Cuando fue citado a comparecer el 28 de abril en la Ciudad de México, Novelo no acudió, argumentando que no se le había especificado si iría como imputado o testigo. Días después, el 25 de abril, agentes de la Agencia de Investigación Criminal se presentaron en su domicilio sin orden escrita, lo que él denunció como violación a sus derechos. El exsenador promovió entonces un juicio de amparo por “temor fundado” de ser detenido ilegalmente, negando haber cometido algún delito.
La Jueza Marisela Reyes Calderón le concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, tras el pago de una garantía de seis mil pesos. El argumento central fue que el delito que se investiga no amerita prisión preventiva oficiosa. La audiencia definitiva para decidir si se concede o no la suspensión permanente fue programada para el 6 de junio de 2025.
Este caso no es aislado. Reforma recuerda que no es la primera vez que integrantes de Morena se ven involucrados en señalamientos por huachicol fiscal. En Baja California, donde el control político del partido ha sido hegemónico, esta modalidad delictiva ha migrado del ordeñe de ductos al uso de redes logísticas sofisticadas, permisos simulados, y almacenamiento masivo. La cercanía del estado con la frontera y sus puertos lo convierten en una ruta estratégica para el tráfico de combustibles desde Texas.
Novelo Osuna, además de su pasado legislativo, es conocido en Ensenada por su faceta empresarial. Fue director del hotel Estero Beach y organizador de eventos gastronómicos como el festival Mar y Vino. También es hermano de Marco Antonio Novelo, exalcalde priista de Ensenada, lo que resalta un perfil político transversal. En 2020 buscó la gubernatura de Baja California por Morena, candidatura que finalmente obtuvo Marina del Pilar Ávila.
Más allá de su deslinde legal, la imagen del partido en el poder se ve nuevamente comprometida por los vínculos de sus cuadros con actividades ilícitas. La estrategia de seguridad de la autollamada “cuarta transformación” queda en entredicho cuando uno de sus propios senadores —aunque sea suplente— termina bajo sospecha por uno de los delitos más lucrativos y extendidos del país.
