Un mensaje claro, pero cargado de estigmas. En plena campaña para reforzar su política migratoria, el gobierno de Donald Trump ha llevado su propaganda antiinmigrante más allá de sus fronteras. Lo que comenzó como una estrategia publicitaria en plataformas digitales estadounidenses, terminó irrumpiendo en la televisión abierta mexicana, incluyendo transmisiones de alto rating como partidos de la Liga MX y noticieros en horarios estelares.
Los spots están protagonizados por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, quien, en tono amenazante, afirma que “los criminales no son bienvenidos” y que “si violas nuestras leyes, te vamos a perseguir”. La campaña incluye versiones en español e incluso propone una app —CBP Home— para facilitar la “autodeportación” de migrantes, ofreciendo hasta mil dólares como incentivo para abandonar el país voluntariamente.
Los anuncios se han difundido desde el 3 de abril en el Canal de las Estrellas de Televisa, una televisora que históricamente se ha mostrado empática con las comunidades migrantes en EE.UU. El giro no ha pasado desapercibido. En entrevista para Animal Político, expertos como el doctor Ernesto Villanueva, de la UNAM, señalan que este tipo de publicidad no solo criminaliza a las personas en situación de movilidad, sino que vulnera principios fundamentales del marco jurídico mexicano, incluyendo el artículo 1° constitucional que protege los derechos humanos y prohíbe la discriminación.
Desde la perspectiva de Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), aunque las televisoras son empresas privadas con libertad para vender espacios, también tienen la facultad de rechazar contenido que atente contra intereses nacionales. “Llama la atención que una televisora con vínculos con Univisión acepte transmitir mensajes que estigmatizan a los latinos, sus propios televidentes en EEUU”, advirtió.
Aunado a la ofensiva propagandística del Departamento de Seguridad Nacional, gobernadores republicanos como Greg Abbott han replicado la estrategia en países centroamericanos. En México, sin embargo, la respuesta institucional ha sido tibia. Aunque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ya catalogó los spots como material que “atenta contra la dignidad humana”, el debilitamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha dejado un vacío regulatorio.
Frente a este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 21 de abril que impulsará una reforma legal para prohibir que gobiernos extranjeros paguen por propaganda ideológica en medios nacionales. Dicha reforma pretende reponer artículos eliminados en 2014 durante el sexenio de Peña Nieto, que impedían este tipo de contenidos. Sin embargo, el paquete legislativo aún no avanza, en parte porque otras propuestas incluidas —como la posibilidad de cancelar concesiones de radio y TV por “interés nacional”— han generado alarma en la sociedad civil.
La crítica de Sheinbaum fue clara: “Ellos pueden hacerlo en Estados Unidos, pero aquí no hay ninguna ley porque se retiró el artículo de la Ley de Telecomunicaciones que lo prohibía”, afirmó en su conferencia matutina. No obstante, mientras las reformas se congelan en el Congreso, la maquinaria publicitaria de Trump sigue girando.
Al cierre de abril, se identificó la difusión de al menos 30 anuncios en YouTube y sitios web mexicanos, pagados directamente por el gobierno de EEUU En esos clips, el mensaje se repite: la migración es un crimen, los migrantes son una amenaza, y solo “los ciudadanos legales” merecen vivir en EEUU Para la Red de Derechos Digitales (R3D), la regulación que propone el gobierno mexicano debería ser más específica respecto a plataformas digitales, pues los vacíos normativos facilitan que esta propaganda siga expandiéndose.
La campaña, por ahora, no se ha detenido. Solo ha cambiado de medio: de la televisión al algoritmo. Mientras tanto, en México, la discusión no es solo sobre libertad de expresión o regulación publicitaria, sino sobre soberanía. Porque lo que está en juego no es solo el control de las pantallas, sino el derecho a no ser estigmatizados desde ellas.
