El accidente ocurrido durante el festival Axe Ceremonia, que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas por el colapso de una estructura, se convirtió en catalizador de una decisión de alto nivel: revocar la concesión privada del Parque Bicentenario, otorgada al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración trabaja activamente para cancelar dicha concesión y transferir la operación del parque a la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México. La mandataria subrayó que “no tiene sentido” mantener una concesión privada sobre un espacio público estratégico. La afirmación, aunque cargada de intención política, apunta a un cambio en la política de gestión de bienes públicos tras una tragedia evitable.
Las investigaciones sobre la concesión están a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin). Su trabajo se centra en esclarecer los términos bajo los cuales se otorgó la concesión y evaluar su viabilidad jurídica para su reversión. De momento, la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, lidera una revisión exhaustiva del contrato y sus implicaciones legales.
Mientras tanto, la Alcaldía Miguel Hidalgo ha avanzado en las investigaciones sobre el colapso de la estructura en el festival. El alcalde Mauricio Tabe informó que cuatro funcionarios de las áreas de Protección Civil, Jurídico y Gobierno han rendido declaración ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y aseguró que la colaboración institucional continuará “para garantizar la transparencia” en el caso.
Aunque la presidenta evitó ligar directamente la revocación de la concesión con responsabilidades legales en la tragedia, la narrativa política busca responder al descontento social con una acción concreta: recuperar el parque para el uso y control del Estado. De fondo, el movimiento implica también una crítica velada a las decisiones del sexenio anterior y una reafirmación del papel del gobierno federal como garante de espacios seguros y de acceso público.
La tragedia en el Axe Ceremonia no solo visibilizó fallas en la organización de eventos masivos, sino que ha puesto en el centro del debate la pertinencia de concesionar espacios culturales y recreativos sin los controles adecuados. Para Sheinbaum, la recuperación del Parque Bicentenario representa un giro simbólico y administrativo hacia la “reestatización” de lo público, bajo una lógica que privilegia la seguridad y la gestión cultural por encima del interés privado.
