Durante años, Nestlé Waters aplicó tratamientos prohibidos para purificar sus marcas de agua mineral —Perrier, Hépar, Contrex y Vittel— violando las normas de la Unión Europea que impiden modificar la composición natural del agua. Lo más grave no fue solo la práctica ilegal, sino la complicidad silenciosa del Estado francés. Un informe de la Comisión de Investigación del Senado lo califica de “estrategia deliberada de ocultamiento” por parte del Gobierno, que priorizó los intereses industriales sobre la transparencia pública.
En 2020, Nestlé detectó internamente el uso de rayos UV y carbón activado —técnicas estrictamente prohibidas— y lo notificó al Gobierno en 2021. Lejos de aplicar sanciones o alertar a la ciudadanía, las autoridades permitieron la transición a otro método también polémico: la microfiltración fina, que igualmente compromete la integridad del agua mineral. Esta maniobra fue validada “al más alto nivel del Estado”, según el informe, con la presidencia de la República al tanto desde al menos 2022.
Alexis Kohler, entonces secretario general del Elíseo y mano derecha de Emmanuel Macron, se reunió varias veces con ejecutivos de Nestlé. Aunque el presidente negó conocer el asunto, la evidencia de su entorno cercano sugiere lo contrario. La falta de acciones legales —a pesar de que el fraude al consumidor estaba documentado desde hace años— refuerza las críticas de una ciudadanía que ahora cuestiona la independencia regulatoria del Estado francés.
Nestlé optó por pagar una multa de apenas 2 millones de euros para evitar procesos judiciales, cifra ínfima frente a los más de 3 mil millones de euros que representa el valor del mercado afectado. La etiqueta de “agua mineral natural” —que multiplica hasta por 400 el precio del agua de grifo— se mantuvo, incluso mientras se aplicaban tratamientos que desnaturalizaban el producto.
La Comisión del Senado entrevistó a más de 120 personas en una investigación de seis meses. Señaló incluso la existencia de armarios ocultos en las plantas donde se realizaban los procedimientos ilegales. Entre sus 28 recomendaciones destaca la urgencia de reformar el etiquetado, mejorar la vigilancia sanitaria y sancionar con mayor rigor a las empresas infractoras.
El caso Nestlé no es solo un asunto ambiental o sanitario. Es, ante todo, un síntoma del desequilibrio entre poder económico y función pública. La amenaza de pérdida de empleos sirvió como moneda de cambio para tolerar prácticas que vulneraron derechos básicos de los consumidores. Mientras la marca espera renovar la autorización para explotar el manantial de Perrier, las autoridades locales deberán decidir si protegen el interés público o siguen rindiendo cuentas al capital.
