Una licitación aparentemente rutinaria para la compra de cartuchos de tóner en la delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha encendido las alarmas de múltiples sectores. Lo que podría haberse tratado como una simple adquisición de insumos médicos por 21.6 millones de pesos ha desvelado un posible esquema de favoritismo corporativo que se replica en al menos 14 entidades federativas.
El proceso, identificado como LA-50-GYR-050GYR014-N-142-2025, contempla la compra de hasta 2,640 cartuchos con un precio estimado de 8 mil pesos por unidad. En una industria donde productos equivalentes rondan los 4 mil pesos —según fuentes internas del IMSS—, la diferencia de costos no solo levanta sospechas, sino que insinúa la existencia de sobreprecios que podrían duplicar el valor de mercado.
Pero el problema va más allá del precio. Lo que realmente pone en entredicho la legalidad y ética del proceso son las condiciones técnicas de la licitación. Representantes de diversas empresas cuestionaron al IMSS por haber fijado especificaciones que encajan únicamente con equipos de impresión Lexmark, una marca señalada recurrentemente en otros procesos similares. Estos lineamientos, además de restringir la competencia, parecen estar diseñados para adjudicar el contrato a proveedores previamente beneficiados.
Este patrón no es nuevo. La revista Proceso documentó que José Manuel Escobedo Venegas —excoordinador de Abastecimiento y Equipamiento en el OOAD de Zacatecas— estaría involucrado de forma no oficial en esta licitación. Su nombre no aparece en la nómina del IMSS actualmente, pero su huella sí: en años previos, participó en procesos en los que las bases parecían hechas a medida para favorecer a Lexmark, con costos por encima del mercado y barreras de entrada para otros competidores.
Las coincidencias se acumulan. La misma estructura de licitación se ha replicado en al menos 13 estados más en lo que va de 2025: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Sur y Yucatán. En todas ellas, la marca Lexmark fue la adjudicataria. Y en todas ellas, los proveedores son prácticamente los mismos: Valmar Digitalmicro, Ofivillanely, Grupo Paliba, Cibertoner y TCA Empresarial.
Incluso los historiales de licitación en Veracruz Norte revelan una contradicción. Procesos anteriores (2022, 2023 y 2024) habían optado por esquemas internacionales abiertos, con mejores especificaciones técnicas y mayor diversidad de participantes. El actual proceso, en contraste, es más cerrado, con criterios que excluyen a potenciales proveedores alternativos y favorecen un solo perfil.
Frente a los cuestionamientos, la delegación del IMSS justificó sus especificaciones con argumentos operativos y de consumo histórico. Pero sin un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos por sobreprecio y direccionamiento, la opacidad persiste.
El fallo definitivo de esta licitación se espera para el 28 de mayo, después de la presentación de propuestas que tuvo lugar el 23. Mientras tanto, queda una duda incómoda: ¿es esta compra una excepción o una regla dentro de una red más amplia de favoritismos institucionalizados?
En un país donde el gasto público debería destinarse con eficiencia y transparencia, lo que está en juego no son solo cartuchos de tóner: es la credibilidad de un sistema de salud que, aún con carencias, no puede darse el lujo de pagar el doble por lo mismo.
