El próximo 1 de junio, México vivirá un ejercicio inédito: por primera vez en su historia, se elegirá mediante voto directo a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial federal y de algunas instancias locales. Sin embargo, lo que debió marcar un hito democrático se perfila como una jornada de incertidumbre para la ciudadanía. ¿La razón? No habrá resultados visibles en las casillas ni conteo ciudadano inmediato. A cambio, el Instituto Nacional Electoral (INE) promete transparencia… con días de retraso.
Según confirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, las tradicionales sábanas electorales que suelen colocarse fuera de las casillas sólo mostrarán el número de personas que acudieron a votar, pero no los resultados. Esta vez, los funcionarios de casilla no contarán los votos. El escrutinio se hará en los consejos distritales, sin presencia directa de la ciudadanía. La explicación técnica es que una sola boleta puede contener hasta diez selecciones distintas, dependiendo del número de cargos elegidos. En términos logísticos, Taddei calificó como “materialmente imposible” hacer ese cómputo en sitio.
Lo grave no es sólo la ausencia de resultados preliminares inmediatos, sino la decisión de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos, alegando recortes presupuestales. El INE promete “informes de avance” la noche del 1 de junio, pero sin proyecciones, sin tendencias, sin nombres. Como en un mal remake de Black Mirror, votaremos y nos iremos a dormir sin saber nada, más que un número total de asistentes por casilla.
A esta falta de visibilidad se suma una contradicción inquietante: por un lado, se insiste en que el voto es libre, secreto y debe ser razonado; por el otro, la autoridad electoral ha advertido que hay ciudadanos que podrían usar acordeones —es decir, listas de candidatos a seguir— y hasta llevarse boletas “por lo bonitas” o para enseñarlas como ejemplo. Taddei hizo un llamado a evitar estas prácticas, pero la sola mención de tales escenarios refleja la fragilidad de los controles y de la pedagogía electoral.
Aunque el INE asegura que las boletas estarán resguardadas y que habrá doble verificación digital durante el escrutinio, lo cierto es que este proceso se aleja del estándar de certeza ciudadana. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones está a flor de piel, la elección judicial se percibe más como un salto de fe que como un ejercicio de poder ciudadano.
Del 1 al 10 de junio, según el tipo de cargo, se realizarán los cómputos en los 300 consejos distritales. Las cámaras de videovigilancia, la digitalización de actas y la transmisión en vivo por redes sociales se anuncian como mecanismos compensatorios. Pero ninguno sustituye el poder simbólico —y práctico— de ver los resultados en la esquina de tu calle, de saber cómo votó tu comunidad, de contar los votos frente a tus vecinos.
Elegiremos 881 cargos federales, entre ellos 9 ministras y ministros de la Suprema Corte. El momento exige altura institucional, pero también apertura y pedagogía. Sin conteo ciudadano, sin PREP, sin resultados visibles, el mensaje no es de transparencia, sino de opacidad con discurso técnico.
Y aunque la boleta tenga “diseño bonito”, lo que la ciudadanía exige no es estética, sino certeza.
Vía Tercera Vía
