En plena cuenta regresiva hacia la elección extraordinaria del 1º de junio para renovar cargos clave en el Poder Judicial, la figura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa vuelve a ocupar los reflectores no por su capacidad jurídica, sino por su reincidencia en prácticas cuestionadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta vez, la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo ordenó el retiro de publicaciones patrocinadas en Facebook, que promovían indirectamente su campaña para mantenerse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, más aún, para presidirla.
La resolución llegó luego de que el ciudadano Guillermo Ricardo Salinas Luca denunciara una serie de publicaciones pagadas en cuentas de Facebook como Contra la Mafia del Poder, Mujeres TransformandoMX, Hijxs de la Transformación, Rumbo Claro MX y Universidad Intercontinental. Aunque los periodos de pauta ya habían expirado, el contenido seguía activo en las plataformas, lo que el INE consideró una vulneración a las reglas de equidad en la contienda.
La medida cautelar dictada no es la primera que recae sobre Esquivel. Ya había sido señalada anteriormente por actos proselitistas financiados por organizaciones sindicales como el SNTE, y por realizar su arranque de campaña en instalaciones públicas del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Estas acciones, según el análisis de la Comisión, transgreden las disposiciones establecidas para los procesos de elección judicial, en los que se busca mantener una estricta neutralidad e imparcialidad institucional.
Esquivel Mossa, una de las tres ministras propuestas por el expresidente López Obrador, compite contra otras dos figuras del mismo origen político: Lenia Batres y Loretta Ortiz. Las tres aspirantes alineadas con el oficialismo reflejan una tendencia que algunos sectores consideran preocupante: la creciente influencia partidista en las designaciones del máximo tribunal.
En contraste con la firme respuesta del INE hacia Esquivel, otros casos presentados ante la misma comisión recibieron resoluciones más laxas. Un candidato a magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial fue denunciado por mostrar a un menor de edad en redes sociales, pero no se emitieron medidas cautelares debido a que los contenidos ya habían sido eliminados. Otro ejemplo es la queja contra una candidata a jueza de distrito, quien apareció como conductora en un programa de televisión, hecho que fue desestimado con el argumento de que su exposición mediática no implicaba un llamado directo al voto ni contravenía formalmente las reglas.
Estas resoluciones evidencian un problema de fondo: la dificultad para aplicar criterios uniformes en un proceso judicial-electoral inédito. La elección de ministros, jueces y magistrados, antes dominada por la discrecionalidad legislativa y presidencial, ahora se somete a las lógicas de campaña. Y con ello, a las trampas del marketing político, el uso de redes sociales como vía para crear imagen y, en algunos casos, la utilización de recursos paralelos para financiar propaganda.
El caso de Esquivel también vuelve a despertar la sombra del escándalo por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, cuyo dictamen sigue sin publicarse por parte de la UNAM. Aunque no está directamente vinculado con la elección, el silencio institucional ante ese tema refuerza la percepción de impunidad y falta de rendición de cuentas en figuras de alto nivel.
Si algo revela este episodio es que la transición hacia una supuesta “elección democrática” del Poder Judicial no ha venido acompañada de los controles institucionales necesarios para garantizar su integridad. Al contrario, ha abierto la puerta a que los principios de imparcialidad y legalidad se vean comprometidos por intereses personales, sindicales o partidistas. Y aunque el INE actúe, lo hace en un terreno frágil y reactivo, donde la sanción llega, pero a menudo demasiado tarde para restituir la equidad vulnerada.
