Diez años después de su reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, ha sido trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 18, en Coahuila. El cambio de prisión, ejecutado el pasado 30 de abril, ocurre en medio de un entramado judicial donde se entrecruzan condenas por homicidio, secuestro, y señalamientos por delincuencia organizada, aunque también hay resoluciones judiciales que matizan su situación legal.
Abarca fue arrestado en noviembre de 2014, señalado como actor clave en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso por el que posteriormente fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada y secuestro agravado, según lo determinado en 2023 por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito. Aun así, su panorama jurídico está lejos de aclararse.
Por un lado, ha recibido dos sentencias firmes. La primera, dictada en mayo de 2023, lo condenó a 92 años de prisión por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el dirigente Arturo Hernández Cardona. La segunda, en abril de 2025, fue una condena de 20 años de cárcel por el homicidio calificado de Justino Carbajal Salgado, síndico municipal en 2013 y sobrino del senador Félix Salgado Macedonio. Según la Fiscalía de Guerrero, Abarca habría ordenado directamente su ejecución tras una discusión personal.
Además, la extinta PGR ya había ejercido acción penal desde 2014 por el asesinato de tres líderes campesinos, entre ellos Hernández Cardona, y por sus presuntos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Esas acusaciones, aunque vigentes, siguen avanzando entre recursos y apelaciones.
El reciente traslado al penal de Coahuila se enmarca también en un litigio por cuestiones de salud. Abarca interpuso un juicio de amparo en el que denunció la falta de atención médica especializada en el Altiplano. Aunque solicitó atención en al menos nueve especialidades médicas (desde gastroenterología hasta psiquiatría), la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo determinó sobreseer el amparo al considerar que no procedía legalmente.
Sin embargo, su situación médica podría seguir jugando un papel clave. En 2023, otro juez federal ordenó revisar si las condiciones de salud del exalcalde ameritaban sustituir la prisión preventiva. Aunque se había modificado esta medida a “prisión preventiva justificada”, Abarca impugnó señalando que no se valoraron adecuadamente sus enfermedades crónicas. Ese procedimiento sigue abierto.
Más allá del plano legal, el caso Abarca persiste como símbolo de los vínculos entre poder local y crimen organizado en México. La figura del exalcalde sigue rodeada por la sombra de Ayotzinapa, incluso tras la absolución formal. La justicia lo ha responsabilizado por crímenes políticos locales, pero el debate público aún lo vincula a una de las tragedias más graves de la historia reciente del país.
El traslado de penal, aunque logísticamente discreto, refleja las múltiples dimensiones del caso: un acusado con historial de condenas graves, alegatos por violaciones a sus derechos humanos en prisión, y procesos judiciales que se redefinen entre amparos, apelaciones y sentencias contradictorias. Abarca no ha salido de prisión, pero su expediente, lejos de cerrarse, sigue mutando como una herida legal y política abierta.
