Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán (2015-2021), ha dejado de contar con la protección federal que le impedía ser detenido. La juez Noveno de Distrito en materia Penal en Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, determinó que el exmandatario incumplió las condiciones impuestas para mantener vigente la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permite a la fiscalía proceder con su detención inmediata.
El trasfondo judicial gira en torno a un presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la adquisición, a sobreprecio, de siete cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán. La acusación formal señala delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta y asociación delictuosa. Aunque el expediente penal 118/2025 cuantifica directamente un daño por 1,052 millones de pesos, los informes del caso apuntan a un quebranto total estimado en 3,412 millones.
La juez Vargas señaló que Aureoles no cumplió con dos condiciones clave para conservar el amparo: no pagó la garantía económica de un millón de pesos ni se presentó personalmente ante la jueza Patricia Sánchez Nava, responsable de su causa penal. Esto llevó a que el 22 de mayo venciera el plazo que le había sido otorgado para evitar la ejecución de la orden de captura.
Este incumplimiento, documentado en una resolución interlocutoria del 14 de mayo, permitió hacer efectivo el apercibimiento y notificar a las autoridades que pueden ejecutar el acto reclamado. No obstante, existe una salvedad: si Aureoles llega a cumplir con los requisitos aún pendientes antes de que se concrete su captura, la suspensión definitiva podría reactivarse.
La defensa del exgobernador intentó frenar el proceso al interponer un recurso de revisión contra la resolución, sin éxito. La jueza Vargas se negó a suspender el plazo otorgado, manteniendo firme el procedimiento.
El caso no solo implica a Aureoles. Cuatro de sus excolaboradores ya han sido vinculados a proceso por delitos similares. Las operaciones bajo escrutinio incluyen contratos y adquisiciones con sobreprecio en al menos seis municipios clave: Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. El patrón apunta a un esquema coordinado de desvío de recursos públicos.
El desarrollo de este proceso judicial sienta un precedente importante en el tratamiento de la corrupción a nivel estatal y pone a prueba la capacidad de la FGR para ejecutar órdenes contra exfuncionarios de alto perfil. El escenario también se vuelve relevante en clave política: Aureoles ha mantenido visibilidad pública, y su situación judicial podría tener repercusiones en círculos partidistas y electorales.
Aunque por ahora la detención está habilitada legalmente, su ejecución dependerá de que la FGR actúe sin contratiempos. Como si fuera una escena eliminada de “House of Cards versión Chapultepec”, esta historia refleja la fragilidad de las estrategias legales cuando se topan con el calendario judicial y la lógica del poder.
