Si las reformas laborales tuvieran reloj checador, la reducción de la jornada a 40 horas llegaría tarde y aún sin ficha firmada. El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum —celebrado entre líderes sindicales y funcionarios— pretende presentar como mandato lo que lleva años esperando turno en el Congreso. Aunque ahora se abre el proceso de diálogo para su implementación paulatina hasta 2030, la iniciativa ha sido impulsada previamente por otras fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano, sin que Morena, con mayoría suficiente, la hiciera avanzar cuando tuvo la oportunidad.
La narrativa oficial ha sido cuidadosamente tejida para presentar la medida como parte del “segundo piso de la transformación”, atendiendo una “demanda histórica del pueblo de México”. Pero el historial legislativo dice otra cosa. En 2022, la diputada morenista Susana Prieto presentó la iniciativa de las 40 horas, que fue congelada. En 2023 se aprobó en comisiones, pero no se incluyó entre las reformas prioritarias del partido oficialista. El tema quedó marginado, eclipsado por los pendientes heredados por López Obrador. Lo que hoy se recupera como promesa de gobierno es, en realidad, una asignatura que Morena dejó reprobada varias veces.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, fue el encargado de escenificar el relanzamiento: mesas de trabajo del 2 de junio al 7 de julio, consultas con empresarios, sindicatos, trabajadores y la promesa de devolverle “8 horas a la semana” a la vida de los mexicanos. “Debemos trabajar para vivir y no vivir para trabajar”, sentenció Bolaños, citando con entusiasmo lo que bien podría ir bordado en una tote bag de mindfulness corporativo.
La presidenta respaldó la medida apelando a la experiencia previa con el aumento del salario mínimo y asegurando que las inversiones no se irán del país por reducir las jornadas. La narrativa del Gobierno insiste en que la productividad no disminuirá, que las reformas serán por consenso y que esta es una política de dignificación del trabajo. Todo con mucho esmero, para que no parezca que este tema lleva años siendo exigido por trabajadores en la calle y que ha sido sistemáticamente postergado por la mayoría legislativa de Morena.
Aun así, hay que decirlo: reducir de 48 a 40 horas semanales el tiempo que una persona dedica legalmente al trabajo es, sin duda, un paso hacia condiciones laborales más justas. México es uno de los países que más horas trabaja al año dentro de la OCDE: 2,226. Y eso en papel, porque en la práctica millones laboran más de 56 horas semanales sin compensaciones ni sanciones para los empleadores.
Lo que ahora está sobre la mesa es cambiar eso gradualmente. Pero gradual es una palabra con doble filo. Como explica el especialista Manuel Fuentes, este tipo de reformas —si no tienen cronograma claro ni respaldo legislativo contundente— pueden postergarse hasta perderse en la burocracia. En el mejor de los casos, México llegará en 2030 a lo que Chile logrará en 2028 y Colombia en 42 horas. No es un liderazgo, es una carrera donde México sigue viendo el punto de partida.
Desde el sector empresarial, el presidente de Coparmex, Juan José Sierra, ya mostró desacuerdo: considera que “no es el momento” y pide incentivos para micro y pequeñas empresas, deducibilidad al 100% de prestaciones y excepciones a la regla. También advirtió que si no se hace un análisis completo, se podría afectar la generación de empleos y el atractivo de México para recibir inversiones. Aquí la historia ya es conocida: ante cada reforma laboral, el empresariado responde con predicciones apocalípticas.
Lo irónico es que, en paralelo al anuncio oficial, miles de trabajadores marchaban por las calles exigiendo lo mismo: condiciones laborales justas, salarios dignos, jubilaciones posibles. Y lo hacían sin protocolo ni reflectores, desde hace años. Para muchos de ellos, las ocho horas extra por semana no son un lujo: son tiempo para vivir, literalmente.
Mientras tanto, en Palacio Nacional, los líderes sindicales agradecían a la presidenta como si el anuncio fuera una concesión presidencial y no el cumplimiento (tardío) de una obligación estructural. “Aunque sea, pero por algo hay que empezar”, dijo uno de los presentes. Y sí, por algo hay que empezar. Aunque también habría que preguntarse: ¿por qué no se empezó antes, cuando se pudo?
Lo cierto es que, más allá de la liturgia política, la reforma es viable, necesaria y, sobre todo, justa. El reto no está en anunciarla, sino en sostenerla más allá del cálculo político. Porque si reducir la jornada laboral es realmente un mandato presidencial, entonces que se legisle ya. Que se dejen de justificar las demoras con palabras como “diálogo”, “foros” o “consenso”. Y que, por una vez, los derechos laborales dejen de depender del calendario electoral.
