Organizaciones logran suspensión provisional para frenar obras ilegales en un suelo forestal protegido
Un Juez Federal dio inicio a un juicio de amparo en contra de la deforestación de La Pona, ordenando a las autoridades que adopten distintas medidas para salvaguardar el lugar mientras se deslindan responsabilidades.
La demanda, presentada por la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) y Salvemos La Pona A.C., señala que las omisiones de autoridades estatales y municipales permitieron la destrucción ilegal del ecosistema de La Pona, clasificado como suelo forestal.
En el juicio de amparo, las organizaciones denunciaron que el pasado 25 de abril, en pleno contexto de incendios recientes, iniciaron actividades de desmonte y derrumbe en el polígono conocido como “Desarrollo Especial La Pona”, sin contar con autorización federal ni con los procedimientos previstos en la legislación ambiental para los terrenos con vocación forestal.
Actualmente, el juicio se tramita ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, que concedió una suspensión provisional, lo que obliga a frenar las obras mientras se resuelve el fondo del caso.
“Lo que ocurrió en La Pona es un acto ilegal e irreversible. Las autoridades debieron proteger el espacio, pero fue la ciudadanía quien lo defendió en el territorio”, señaló Salvemos La Pona A.C.
El amparo también fue promovido por el Observatorio de Violencia Social y de Género A.C. y Conversa Sur A.C. (integrantes de ADN-A), quienes denunciaron la violación a derechos humanos vinculados al derecho a la participación ciudadana y la protección del medio ambiente. La elaboración del amparo contó con el apoyo de la abogada Carla Escoffié, especialista en litigio estratégico en derechos humanos.
“Este caso demuestra que las autoridades no pueden lavarse las manos ante la devastación ambiental. Si permiten el desmonte en suelos forestales sin intervenir, están violando derechos humanos y dejando en la impunidad actos que afectan a toda la ciudad”, afirmó Carla Escoffié.
En el juicio, las organizaciones sostienen que La Pona es un suelo forestal cuya protección involucra a la federación, por lo que el otorgamiento de permisos solo desde el ámbito estatal o municipal constituye una invasión de competencias y, por tanto, es ilegal. La demanda advierte que permitir estas acciones desde el ámbito local no solo transgrede el marco legal, sino que también abre la puerta a nuevas amenazas sobre otros ecosistemas urbanos en riesgo.
“Esta demanda sienta un precedente: demuestra que la defensa colectiva del medio ambiente en zonas urbanas es posible y necesaria. No permitiremos que se normalice la devastación de nuestros últimos ecosistemas por intereses inmobiliarios”, afirmó la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes.
El juicio continúa en curso, por lo que las organizaciones hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta y exigir que se garantice el respeto al derecho humano a un ambiente sano.
