Durante años, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 ha sido una demanda central del magisterio disidente, en particular de la CNTE. Sin embargo, ahora en el poder, Claudia Sheinbaum ha dejado claro que esa promesa de campaña quedó atrás. El motivo: las finanzas públicas no lo permiten. Según la presidenta, eliminar esta ley implicaría comprometer recursos destinados a programas sociales, obra pública e incluso los salarios del propio Estado.
La Ley del ISSSTE reformada en 2007 por Felipe Calderón transformó el sistema de pensiones solidarias —donde la jubilación se calculaba en función del salario base— en un esquema de cuentas individuales manejadas por AFORES. En la práctica, esta transición implicó una caída drástica en la pensión de los trabajadores: de recibir un 66% del salario final, como en el régimen anterior, se pasó a apenas un 27%, lo que en términos reales redujo pensiones de 10 mil 560 a 4 mil 320 pesos mensuales, según ejemplificó el secretario de Educación, Mario Delgado.
Ante las recientes movilizaciones de la CNTE —incluidas amenazas de boicot a la elección judicial del 2 de junio—, Sheinbaum defendió que el gobierno federal ha avanzado por otras vías. Mencionó el incremento salarial del 9% retroactivo a enero y un punto adicional en septiembre, lo que representa un esfuerzo presupuestal de 37 mil millones de pesos, “casi lo mismo que la pensión Mujeres Bienestar”.
En vez de derogar la reforma de 2007, Sheinbaum apuesta por fortalecer el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado por López Obrador, el cual —según ella— permite que los trabajadores se jubilen con una pensión equiparable a su último salario. También propuso congelar el aumento gradual en la edad de jubilación que establecía la Ley del ISSSTE, fijando los requisitos en 58 años de edad y 30 años de servicio para hombres; 56 años y 28 años de servicio para mujeres.
Sin embargo, la narrativa de la presidenta ha cambiado. En 2023, aún en campaña, prometía “recuperar las pensiones de los trabajadores de México” y “echar atrás” las leyes de 1997 y 2007. Hoy, desde Palacio Nacional, reconoce que cumplir esa promesa sería inviable sin endeudar al país o poner en riesgo el resto de su programa social.
En el fondo, la discusión no es solo técnica, sino política. El nuevo régimen se presenta como más justo, pero su sostenibilidad depende de la “austeridad republicana”, es decir, de un uso eficiente (y controlado) del gasto público. La CNTE, por su parte, no se traga el discurso y exige el cumplimiento literal de las promesas hechas en campaña.
El dilema de Sheinbaum no es nuevo en política: prometer es fácil, ejecutar cuesta. Hoy gobierna con la calculadora en la mano, y el capital político que usó para seducir al magisterio se topa con los límites del presupuesto. El modelo de cuentas individuales sigue vigente, aunque retocado, y el régimen solidario de antaño es apenas una referencia nostálgica en el discurso oficial. Las pensiones, al final, siguen atrapadas entre la aritmética electoral y las matemáticas fiscales.
