La reforma constitucional que busca garantizar un salario digno a maestros, policías y personal de salud —con un mínimo superior a los 16 mil 777 pesos mensuales, en referencia al promedio reportado por el IMSS— ha sido frenada en el Senado, a pesar de haber sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y avalada por los 32 congresos estatales.
El argumento oficial para no emitir la declaratoria de constitucionalidad apunta a la falta de “votos constitucionales” formales. Según el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, los congresos locales no han enviado oficialmente dichos votos, lo que impide que la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, por ende, entre en vigor.
Pero el diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, contradice esta versión. Asegura que ya existen 27 acuses de recibo dirigidos al Senado —concretamente a la presidencia— provenientes de entidades como Baja California, Campeche y Chiapas. Estos documentos probarían que los votos fueron entregados y que el procedimiento se encuentra estancado en alguna oficina, extraviado entre trámites o ignorado deliberadamente. “Pareciera que estos votos se perdieron en el camino, mensajería, paquetería o están perdidos en alguna oficina”, denunció el legislador.
Mientras tanto, la discusión pública se ha polarizado. Desde sectores sociales y sindicales se cuestiona que el retraso en la declaratoria de una reforma ya aprobada refleja más una resistencia política que una falla administrativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue más allá y calificó como “insuficiente” incluso el aumento propuesto del 9%. En respuesta, anunciaron una huelga indefinida y exigieron una revisión integral de las condiciones laborales del magisterio.
En paralelo, el Senado justificó su negativa a avanzar con la reforma con argumentos de responsabilidad fiscal. Legisladores de distintas bancadas aseguraron que el incremento no es viable financieramente en el contexto económico actual, aunque no presentaron un análisis detallado del impacto presupuestario ni alternativas claras. Esta postura contrasta con la narrativa federal, donde la Secretaría de Educación Pública ha reiterado su disposición al diálogo con los sindicatos para lograr una salida negociada sin comprometer la estabilidad económica.
La situación evidencia un desfase entre el discurso institucional que celebra la importancia de los trabajadores esenciales y las trabas burocráticas que impiden que esas palabras se traduzcan en mejores condiciones salariales. El limbo legislativo, lejos de ser solo un asunto técnico, se convierte en un espejo de la capacidad —o voluntad— del Estado para cumplir con reformas que ya cuentan con respaldo constitucional.
