Aunque los datos muestran una disminución en los casos de violencia política en México durante el primer trimestre de 2025, el riesgo para aspirantes, funcionarios y actores políticos sigue siendo alarmante. Entre enero y marzo se registraron 104 incidentes de violencia política, de los cuales 50 fueron homicidios, de acuerdo con los informes de la consultora Integralia. Este número representa una baja del 59.2% en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, la intensidad del fenómeno no puede evaluarse únicamente por su reducción estadística.
Las agresiones se concentran en los estados donde se celebrarán elecciones locales, particularmente en Veracruz y Durango, que renovarán alcaldías y regidurías. En el caso de Veracruz, se documentaron asesinatos de candidatos como Carlos Ramsés Neri (PVEM) y Manuel Andrei Gamboa Soto (Morena), lo que refleja un contexto electoral atravesado por pugnas territoriales entre cárteles. Morelos, Oaxaca, Puebla y Guerrero también figuran entre las entidades con mayores índices de agresión.
El 81.7% de las víctimas desempeñaban, aspiraban o habían ocupado cargos en gobiernos municipales, lo que evidencia la fragilidad institucional en ese nivel. La violencia se manifiesta principalmente como una herramienta de control territorial para el crimen organizado, que busca acceder a recursos públicos, cooptar fuerzas policiales locales y operar sus mercados ilícitos sin interferencia. A este patrón se suma una preocupante impunidad, favorecida por estructuras de gobierno débiles y la falta de vigilancia efectiva.
En términos partidistas, las agresiones no se concentran exclusivamente en una fuerza política. Aunque el reporte menciona que Morena y sus aliados acumulan el mayor número de víctimas, también se documentan agresiones hacia miembros del PRI, Movimiento Ciudadano y otros partidos. El dato más relevante no es quién sufre más ataques, sino qué condiciones estructurales permiten que estos ocurran con regularidad: instituciones vulnerables, elecciones locales en zonas de alta criminalidad y una lógica de violencia que se reproduce cada ciclo electoral.
Por otra parte, el proceso electoral judicial previsto para el 1 de junio —donde se renovarán jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte— no ha registrado hasta ahora incidentes de violencia. Sin embargo, el INE mantiene activa una alerta de riesgo en 19% de las secciones electorales del país, lo que indica un clima de inseguridad latente, incluso en procesos que tradicionalmente no han sido foco de ataques.
A pesar de la reducción en el número de casos respecto a años anteriores, los analistas advierten que la cifra podría aumentar conforme se acerque la jornada electoral. La violencia política en México no es solo una anomalía temporal: es una expresión continua de disputas por el poder local, donde la violencia es un mecanismo más para imponer agendas, amedrentar a contrincantes y preservar el control territorial. Lo que está en juego no son solo cargos, sino la posibilidad misma de ejercerlos con libertad y seguridad.
