En un nuevo episodio que pone en entredicho la coherencia en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, el caso de Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, reabre viejas tensiones sobre la lucha contra el narcotráfico y el uso político de los acuerdos judiciales. López Serrano, exlíder de una facción del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable en diciembre de 2024 ante una corte federal en Virginia por conspiración para traficar fentanilo. Sin embargo, el trasfondo es más complejo que una simple admisión de culpa.
Mientras el narcotraficante continúa en territorio estadounidense bajo custodia y con estatus de testigo protegido, el gobierno de México —ahora encabezado por Claudia Sheinbaum— exige con firmeza su extradición. ¿El motivo? Además de sus vínculos con el tráfico de drogas, López Serrano es señalado en México como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, cometido en 2017. Para el gobierno mexicano, su regreso no es solo un tema judicial, sino también simbólico.
La crítica principal de Sheinbaum no se queda en lo penal. Cuestiona duramente el doble discurso de Estados Unidos, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo establece acuerdos con sus líderes. “Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Pues tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos”, reclamó la presidenta desde Palacio Nacional.
El reclamo no es aislado. La extradición fue solicitada desde 2022, luego de que López Serrano saliera bajo libertad condicional tras haber sido informante en un juicio anterior. Para entonces, el gobierno mexicano ya lo buscaba por el caso Valdez. Su recaptura en Virginia, esta vez acusado por tráfico de fentanilo, volvió a activar la exigencia de su entrega. Sin embargo, una jueza federal estadounidense negó la libertad bajo fianza alegando riesgo de fuga, aunque no se pronunció sobre la petición de extradición.
Este cruce de intereses pone bajo la lupa el modelo de colaboración en seguridad entre ambos países. Estados Unidos continúa con una política férrea contra el fentanilo —droga que ha causado miles de muertes por sobredosis—, y en ese marco ha negociado acuerdos con capos que puedan aportar información clave. No obstante, la confidencialidad de estos pactos socava la percepción pública de justicia y transparencia, especialmente cuando las víctimas, como en el caso del periodista Valdez, no ven avance en los procesos nacionales.
En México, el tema tiene múltiples aristas: desde el reclamo legítimo por justicia para un periodista asesinado, hasta el control político y mediático del discurso sobre seguridad nacional. Además, se enmarca en una disputa interna del Cártel de Sinaloa que ha cobrado más de mil vidas desde septiembre de 2024, cuando “Los Chapitos” entregaron a “El Mayo” Zambada a las autoridades estadounidenses. López Serrano, quien se distanció precisamente de “Los Chapitos”, ha ofrecido testimonios sobre estas divisiones internas, lo que lo vuelve una pieza útil —aunque incómoda— para las autoridades del país vecino.
En este contexto, la postura de Sheinbaum no solo busca una explicación de Washington, sino también proyectar un mensaje interno: México no aceptará que las prioridades de seguridad estadounidense pasen por alto los crímenes cometidos en su territorio. Sin embargo, la efectividad de este reclamo dependerá de la voluntad política de ambos gobiernos para respetar el principio de reciprocidad.
Mientras tanto, el caso de “El Mini Lic” se suma a la larga lista de expedientes donde la justicia transnacional parece navegar entre acuerdos opacos y exigencias cruzadas. Como en toda colaboración asimétrica, los intereses se negocian, pero las víctimas siguen esperando.
