Con 27 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 97 constitucional para subsanar una contradicción que ellos mismos habían provocado meses atrás al reformar el Poder Judicial. Lo que parece una simple corrección técnica es, para la oposición, el síntoma de una reforma improvisada, autoritaria y jurídicamente inconsistente.
El origen del problema está en la reforma impulsada por Morena y sus aliados en septiembre pasado, donde modificaron el artículo 94 de la Constitución para establecer que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recaería en el ministro con mayor número de votos, renovándose cada dos años. Sin embargo, no reformaron el artículo 97, que establecía un procedimiento distinto: una elección cada cuatro años por el Pleno de ministros. El resultado fue una “antinomia” —una contradicción jurídica— que dejó en evidencia no solo el descuido legislativo, sino también el tono precipitado y unilateral del proceso de reforma.
La mayoría oficialista ahora busca corregir ese desfase derogando el sexto párrafo del artículo 97. Desde su perspectiva, se trata de armonizar el marco constitucional para dotar de coherencia y seguridad jurídica al rediseño del Poder Judicial. El dictamen incluso reivindica que “toda norma constitucional o legal es perfectible”, justificando la modificación como un acto de responsabilidad parlamentaria.
Pero la oposición no lo ve como un acto de enmienda, sino como la evidencia de una reforma mal concebida desde su origen. Legisladoras como Nadia Navarro (PRI) y Paulina Rubio (PAN) denunciaron que este ajuste no subsana errores, sino que valida una reforma plagada de trampas normativas, inconsistencias y desprecio por el consenso democrático. Para ellas, modificar el artículo 97 no es perfeccionar la norma, sino maquillar lo que consideran una imposición sin legitimidad.
La crítica más severa apuntó al proceso en el que se aprobó la reforma judicial: en una sede alterna (una cancha del deportivo Magdalena Mixhuca), con votaciones a viva voz y sin respetar suspensiones judiciales vigentes. Para Claudia Ruiz Massieu (MC), esto confirma que la mayoría ha legislado con prisa, improvisación y desdén hacia el diálogo parlamentario.
A esta disputa se sumaron recriminaciones por el supuesto control del Poder Judicial. La panista Paulina Rubio acusó a Morena de haber impuesto candidatos vinculados al crimen organizado mediante comités internos, y de usar la reforma judicial como instrumento de control político. En respuesta, el morenista Guillermo Santiago defendió la participación amplia de su movimiento y minimizó las acusaciones, señalando que militantes de todos los partidos han buscado involucrarse en el nuevo modelo judicial.
Aunque la reforma constitucional al artículo 97 puede verse como un intento por subsanar errores formales, la disputa de fondo revela una polarización en torno a la legitimidad y la profundidad del rediseño del Poder Judicial. La corrección técnica se vuelve entonces un campo de batalla simbólico sobre qué tipo de justicia se está construyendo: una más democrática o una más subordinada al poder político.
Mientras se anticipa su discusión en un posible periodo extraordinario en junio —junto con otras reformas secundarias—, el episodio deja una pregunta abierta: ¿hasta qué punto corregir la forma basta para remediar el fondo?
