La narrativa oficial pinta de verde a Pemex, pero las cifras la tiñen de gris tóxico. En el primer trimestre de 2025, la petrolera estatal mexicana liberó 385 mil toneladas de óxidos de azufre (SOx) a la atmósfera, la cifra más alta registrada en al menos los últimos 15 años. Esta marca histórica no solo contradice frontalmente el compromiso ambiental reiterado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director de Pemex, Víctor Rodríguez, sino que expone una crisis ambiental y de credibilidad institucional.
El aumento representa un salto del 28.9% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 299 mil toneladas. Aún más alarmante: significa un incremento del 283.4% en comparación con el primer trimestre de 2013, cuando se registraron 100 mil toneladas, según datos verificados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Lo que se anunció como transición energética parece, hasta ahora, una combustión de promesas.
Además de los SOx, Pemex quemó o liberó al ambiente un promedio diario de 346 millones de pies cúbicos de gas natural entre enero y marzo de este año. Esta cantidad equivale al 7.9% de su producción total, o lo que es lo mismo: una doceava parte del gas natural producido terminó en el aire, no en los ductos.
Este despilfarro de recursos tiene dos rostros igualmente preocupantes. Por un lado, el ambiental: los óxidos de azufre están estrechamente ligados a enfermedades respiratorias como asma, bronquitis o insuficiencia respiratoria, y contribuyen a la formación de lluvia ácida y al deterioro de ecosistemas urbanos e industriales, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por el otro, el económico: el gas desaprovechado representa pérdidas para la rentabilidad de la empresa, una contradicción mayúscula en una compañía que arrastra una de las deudas más grandes del sector energético global.
Paradójicamente, mientras las emisiones contaminantes se disparan, los índices de seguridad laboral en Pemex han mejorado. El índice de frecuencia de accidentes disminuyó 18.7%, pasando de 0.31 a 0.25 accidentes por millón de horas-hombre entre el primer trimestre de 2024 y el de 2025. Asimismo, la gravedad de los incidentes bajó 21.5%, con una reducción de los días perdidos por accidentes laborales. Si Pemex parece haber encontrado la manera de evitar riesgos para su plantilla, aún no logra lo mismo con el medio ambiente y la salud pública.
El contraste entre el discurso institucional y la realidad documentada es cada vez más evidente. El gobierno federal ha repetido su intención de convertir a Pemex en una empresa de energía sostenible. Sin embargo, los datos oficiales sugieren que la retórica verde se está quedando en el papel, mientras el aire y la atmósfera absorben los verdaderos efectos de una estrategia energética que sigue anclada en la quema intensiva de recursos fósiles.
En un país donde los efectos del cambio climático son cada vez más visibles —desde olas de calor extremo hasta sequías y contaminación crónica en ciudades—, la magnitud del retroceso ambiental de Pemex resulta no solo contradictoria, sino políticamente costosa. El mensaje es claro: mientras no haya cambios estructurales en la operación de la petrolera, ni la narrativa presidencial más ambiciosa podrá tapar el humo.
