El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, suma una nueva acusación a su historial de corrupción: ahora se le señala por haber desviado ilegalmente 700 mil metros cúbicos de agua mediante una presa y cinco represas construidas sin concesión en su rancho El Saucito, ubicado en Balleza, una región marcada por sequías crónicas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó las obras durante un cateo y ordenó su demolición inmediata para liberar el cauce del río afectado, pero una jueza federal concedió una suspensión provisional que detuvo el proceso en menos de 24 horas.
La presidenta Claudia Sheinbaum denunció públicamente el caso como un “robo de agua”, y anunció que su gobierno interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Duarte y quienes resulten implicados en la red de apropiación ilegal. La mandataria subrayó la gravedad del hecho al señalar que el agua desviada pertenece a una cuenca regulada por el Tratado Internacional de Aguas de 1944 con Estados Unidos, lo que añade una dimensión diplomática al escándalo. “Es el uso privado de un recurso nacional sin permiso, sin concesión”, acusó Sheinbaum.
Según explicó Efraín Morales, titular de la Conagua, las estructuras fueron levantadas durante el sexenio de Duarte (2010-2016) y funcionaban como infraestructura personal para acaparar agua en un estado donde la escasez afecta directamente a los agricultores. El rancho donde se hallaron las obras hidráulicas, de más de 4,300 hectáreas, habría sido adquirido a través de una red de prestanombres, presiones institucionales e incluso presuntos casos de coerción para lograr ventas a bajo precio, según reportes de la fiscalía estatal.
La presa principal y los diques secundarios fueron edificados sin autorización y afectaban el equilibrio hídrico de la zona. Conagua mostró imágenes aéreas y videos de la maquinaria que inició la demolición de los muros, como parte de un intento por recuperar el flujo natural del agua y enfrentar las extracciones ilegales que agravan la sequía. Sin embargo, la intervención judicial de la jueza Madhay Soto —la misma que en 2023 bloqueó la distribución de libros de texto en Chihuahua— ha frenado el operativo, lo que para el gobierno federal refleja la persistencia de pactos entre antiguos grupos de poder y sectores del aparato judicial.
Duarte no es nuevo en estos señalamientos. Su administración es considerada uno de los epicentros del esquema de desvío de fondos conocido como “Operación Safiro”, donde recursos públicos se triangularon para financiar campañas del PRI. Además, está vinculado a la “nómina secreta”, mecanismo mediante el cual se pagaban sobornos desde la Secretaría de Hacienda estatal. A pesar de ello, permanece en libertad condicional gracias a decisiones de jueces locales, un hecho que alimenta la narrativa de contubernio y redes de protección institucional.
Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum asegura que continuará el proceso legal y técnico para desmantelar las presas ilegales, en nombre del derecho humano al agua y la protección del recurso en una de las zonas más afectadas por el cambio climático. La disputa por el agua en Chihuahua, más que un simple litigio por propiedad, se vuelve así un termómetro de las tensiones entre justicia ambiental, corrupción estructural y poder judicial.
