A contrarreloj y con tensiones internas, los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos resucitaron uno de los proyectos más polémicos de Donald Trump: la creación de un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero. Esta propuesta, parte del paquete fiscal denominado con grandilocuencia como “El Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, avanzó en el Comité de Presupuesto por una diferencia mínima: 17 votos republicanos a favor, 16 demócratas en contra y cuatro abstenciones conservadoras.
El plan, compuesto por más de mil páginas, dedica apenas nueve a explicar la implementación de este gravamen. Su lógica es sencilla pero polémica: todos los extranjeros en EE.UU., incluidos indocumentados, residentes permanentes y visitantes con visa, pagarían el impuesto. Solo los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos. La medida pretende recaudar más de 22 mil millones de dólares entre 2025 y 2034, una cifra mayor al PIB actual de países como Nicaragua, según datos del Banco Mundial.
Lo alarmante no es solo el contenido, sino la manera en la que se ha impulsado. La aprobación en comité ocurrió en una sesión a puerta cerrada el domingo por la noche. El presidente del Comité de Presupuesto, Jodey Arrington, celebró el avance sin mencionar en ningún momento el polémico impuesto a las remesas. La omisión fue deliberada: la discusión se centró en los recortes al programa de salud Medicaid, dejando sin debate una medida que podría afectar directamente a más de 40 millones de personas, según el Caucus Hispano del Congreso.
El trasfondo político no es menor. El plan fiscal también contempla la ampliación de los recortes tributarios de 2017 —el mayor logro legislativo de Trump en su primer mandato—, así como aumentos al presupuesto en defensa y seguridad fronteriza. En medio de una deuda nacional que supera los 36 billones de dólares, analistas independientes como Moody’s advierten que este paquete podría agregar entre 3 y 5 billones más en la próxima década, llevando la deuda a un 134% del PIB para 2035.
A pesar de estas advertencias, el liderazgo republicano, encabezado por el presidente de la Cámara Mike Johnson, busca someter el proyecto a votación en el pleno antes del Día de los Caídos, el 26 de mayo. Para lograrlo, deberá primero pasar por el Comité de Reglas, donde podrían incluirse enmiendas que atenúen o profundicen su impacto fiscal y social.
La propuesta de gravar remesas ha sido históricamente impopular tanto entre legisladores demócratas como entre sectores republicanos moderados. Para México, el principal país receptor de remesas desde Estados Unidos, la iniciativa es vista como una amenaza directa. La presidenta Claudia Sheinbaum ya advirtió que el gobierno mexicano está monitoreando el avance del proyecto, al considerar que podría violar el convenio de doble tributación entre ambos países.
Con cifras récord de envío de remesas —64,745 millones de dólares en 2024 y 14,259 millones solo en el primer trimestre de 2025—, el nuevo impuesto no solo afectaría el bolsillo de millones de familias mexicanas, centroamericanas y caribeñas, sino que también podría detonar una tensión diplomática innecesaria.
Mientras los sectores duros del Partido Republicano presionan por recortes más agresivos a Medicaid y al presupuesto ambiental, el impuesto a las remesas avanza en silencio. Lo que en otro contexto habría detonado un escándalo, hoy se esconde en las letras pequeñas de un plan más amplio, disfrazado de disciplina fiscal pero cargado de consecuencias políticas, sociales y humanitarias.
