La protesta social en México sigue siendo un derecho, excepto cuando incomoda a las instituciones. Alain Pinzón, director de VIHve Libre, lo sabe de primera mano: la Secretaría de Salud lo ha denunciado penalmente por encabezar una protesta contra el desabasto de medicamentos antirretrovirales. Su delito no fue otro que exigir el cumplimiento de un derecho básico: el acceso universal y oportuno al tratamiento para personas que viven con VIH.
El 1º de diciembre de 2023, Día Mundial del Sida, un grupo de activistas bloqueó parcialmente la calle Homero e ingresó a las instalaciones del Censida, hartos de la indiferencia institucional. La protesta respondió a un contexto alarmante: entre 2021 y 2022, en al menos nueve entidades del país no se entregó tratamiento antirretroviral alguno. Pinzón lo resumió así: “La falta de respuesta a estas preguntas fue el motivo por el cual se realizó la protesta en 2023. Hoy en 2025, esas problemáticas siguen sin resolverse, ¿cuándo van a hacer su trabajo?”.
La respuesta del Estado no fue el diálogo ni la solución, sino la denuncia. La carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0005727/2023 acusa a Pinzón de daño a la propiedad pública. Deberá comparecer el 9 de junio ante un juez federal en el Reclusorio Oriente. La denuncia fue promovida por Triana Ivette Sánchez Lara, subdirectora de lo contencioso de la Secretaría de Salud, a través de la oficina de la abogada general de la dependencia.
Pinzón no se ha escondido. Por el contrario, ha asumido la autoría de la protesta y la defenderá hasta las últimas consecuencias. En sus palabras, “parecería que para ustedes es más importante denunciar y criminalizar a las personas que exigimos que hagan su trabajo”. Lejos de amedrentarse, redobló su exigencia pública con tres preguntas dirigidas al secretario David Kershenobich: ¿Ya no hay recetas no surtidas? ¿El acceso a PrEP, PEP y TARV es una realidad en todo México? ¿Quién sostiene el acoso institucional?
Su denuncia no ha pasado desapercibida. Médicos, activistas y personal de salud, incluyendo voces de la Clínica Condesa, han solicitado a la Secretaría de Salud que retire los cargos. Argumentan que VIHve Libre ha sido un actor crucial en la detección, prevención y acompañamiento de pacientes, labor reconocida incluso en foros internacionales como la CROI 2025. También denuncian que las barreras administrativas impuestas desde sexenios anteriores siguen afectando el acceso al tratamiento.
Organizaciones como la Coalición Mexicana LGBTTTIANB+ y la Alianza de Marchas LGBT+ se han solidarizado con Pinzón, señalando que el proceso penal en su contra es un precedente peligroso que pone en riesgo el derecho a la protesta. Recordaron que el activista ha sido víctima de acoso institucional desde 2022 y que su caso expone una estructura de negligencia sistemática, donde se castiga a quien denuncia, pero se protege a quienes omiten.
A la fecha, el secretario de Salud no ha respondido públicamente. Mientras tanto, miles de personas con VIH siguen esperando sus medicamentos. Y ahora, también deben preocuparse por no alzar demasiado la voz. Porque en México, al parecer, protestar por tu derecho a vivir puede costarte una denuncia penal.
