Con un decreto presidencial que apunta al corazón del sistema de salud y la política industrial, Claudia Sheinbaum anunció un ambicioso plan para convertir a México en un polo global de producción farmacéutica. La estrategia, presentada durante su conferencia matutina, se propone atraer inversión extranjera en medicamentos, dispositivos médicos y vacunas, al tiempo que redefine los criterios de licitación pública: las farmacéuticas que inviertan en territorio nacional tendrán preferencia en los contratos gubernamentales.
De acuerdo con el subsecretario Eduardo Clark, esta iniciativa no solo representa una política de incentivo, sino una exigencia: aquellas empresas que pretendan vender insumos de alto costo al Estado deberán acreditar inversiones en el país, ya sea en plantas de producción, centros de investigación o infraestructura logística. En números, esto afecta directamente a unas 40 compañías —principalmente internacionales— que concentran compras bianuales por 150 mil millones de pesos en medicamentos de fuente única y patentes.
La intención es clara: aprovechar el poder de compra del gobierno para fomentar un ecosistema de innovación farmacéutica, aumentar la producción nacional y generar empleos especializados. Se prevé que el plan genere hasta 15 mil millones de dólares en inversión y active clústeres de innovación científica. Las farmacéuticas de la India, EE.UU., Brasil y Europa están entre las convocadas a formar parte de este rediseño estructural.
Una pieza clave en esta arquitectura es la empresa pública Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), cuya infraestructura —según Sheinbaum— fue desmantelada durante el periodo “neoliberal”. El decreto plantea que los nuevos proyectos productivos se asocien con Birmex para recuperar y ampliar sus capacidades. En este sentido, la política no solo apunta al crecimiento industrial, sino también a la reconstrucción de instituciones públicas estratégicas.
La visión del Ejecutivo incluye no solo la manufactura, sino también la investigación: se buscará colaboración con universidades y centros de desarrollo científico para impulsar la propiedad intelectual local. El gobierno plantea así una reconfiguración del modelo de abasto sanitario, pasando de ser un comprador pasivo a convertirse en un actor que orienta la inversión y la innovación.
Aunque la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación se esperaba esta semana, su contenido ya fue delineado públicamente, y abre un nuevo capítulo en la política industrial de salud. Con esta medida, Sheinbaum no solo apunta a resolver el desabasto o reducir costos, sino a construir un sistema farmacéutico soberano, articulado y competitivo, anclado en la economía nacional.
