Sigue la presión
Apenas veníamos procesando en el análisis de la opinión pública el tema de la revocación de visas a actores políticos de México, como la gobernadora María del Pilar, cuando el trumpismo arremetió con la iniciativa de imponer un impuesto del cinco por ciento a las remesas enviadas a nuestro país.
De transitar la medida en la Cámara de Representantes, el golpe para la economía nacional sería devastador. Para tener una idea de la magnitud de la importancia de las remesas, tan sólo en 2024 ingresaron al país aproximadamente 64 mil millones de dólares por este concepto.
Lo cierto es que aunque ya haya una comitiva de legisladores mexicanos cabildeando el tema en aquel lado de la frontera, para evitar que la medida se consolide, los especialistas advierten que no hay mucho por hacer, pues la intención responde a diversos intereses, principalmente económicos y geopolíticos.
En nuestro país, la presidenta Sheinbaum ha calificado como inaceptable la propuesta. Claro, tan sólo en el gobierno del expresidente López Obrador y tras el duro impacto de la pandemia de covid-19, las remesas fueron el oxígeno para millones de hogares y para el propio PIB. Luego del cóctel de factores que llevaron la economía nacional a la recesión, las remesas fueron clave para impulsar la reactivación económica.
Por ello, de transitar la propuesta y aprobarse el impuesto planteado, que se sumaría al 5 y 10% que ya cobran algunas financieras como Western Union y MoneyGram; los expertos calculan que el golpe económico podría ser de hasta 25% en el Producto Interno Bruto de naciones como El Salvador, Guatemala y Venezuela; cuyos migrantes envía miles de millones de dólares por año, en remesas, a sus familias.
El presidente Trump ha sido claro y firme en su agenda: poner un alto a la migración proveniente de Centro y Sudamérica, combatir a los cárteles del narcotráfico (a los que ya catalogó como organizaciones terroristas) y reajustar la balanza comercial de Estados Unidos con muchas naciones del mundo, con las cuales tienen pérdidas que son insostenibles.
En ese contexto, las acciones de su gobierno han sido unilaterales porque responden a una agenda interna. El retiro de las visas a personajes como la gobernadora de Baja California se inscribe en esa lógica y parece que detrás existen sospechas de vínculos con los grupos criminales y de la protección que a éstos se brinda.
Aunque la relación bilateral ha transitado en el “entendimiento” político, de este lado de la frontera la agenda de gobierno y la agenda legislativa del partido mayoritario, se ha volcado hacia las acciones de contención y adaptabilidad.
Se ha dejado claro, en más de un momento, que del discurso a la realidad hay una enorme desconfianza frente al Estado Mexicano, que por años ha perdido la capacidad para hacer valer la ley y que, por el contrario, tiene numerosas porosidades que son verdaderas amenazas para Estados Unidos.
