El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, deberá comparecer el próximo 20 de agosto ante una jueza federal para escuchar formalmente la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos graves como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Las acusaciones derivan del presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos durante su gestión, destinados a la construcción de siete cuarteles policiacos en municipios estratégicos del estado.
La comparecencia fue ordenada por la jueza de control Patricia Sánchez Nava, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente. Este llamado se da luego de que Aureoles, considerado prófugo por no haberse presentado previamente, obtuvo una suspensión provisional por parte de la jueza Jovita Vargas Alarcón, del Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal de la Ciudad de México. La medida le impide ser detenido siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas, entre ellas, presentarse ante la autoridad judicial.
El expediente 118/2025 detalla que el desfalco se cometió mediante contrataciones irregulares para las obras en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, durante la administración de Aureoles. La FGR solicitó revocar la suspensión tras la inasistencia del exmandatario, pero la jueza Vargas la mantuvo vigente al acreditarse que Aureoles ya había sido notificado de la orden judicial y se había presentado para cumplir con el trámite.
La audiencia del 20 de agosto será determinante: si Aureoles no se presenta, perderá la protección del amparo y podría ser detenido. Como antecedentes del caso, cuatro exfuncionarios de su administración —incluyendo al exsecretario de Finanzas Carlos Maldonado Mendoza— ya fueron vinculados a proceso por delitos similares y enfrentan prisión preventiva justificada.
Además del pago de una garantía de 52 mil pesos, el cumplimiento de la audiencia será clave para mantener su libertad provisional. Esta situación evidencia un posible entramado de corrupción dentro del aparato estatal durante su gobierno, en una de las entidades más golpeadas por la violencia y la impunidad.
En términos políticos, la comparecencia de Aureoles ocurre en un contexto en que varios exgobernadores enfrentan procesos similares, lo que reaviva el debate sobre la justicia selectiva y la eficacia del sistema judicial mexicano ante casos de alto perfil. Sin embargo, más allá del revuelo mediático, el caso representa una prueba de fuego para la FGR y el Poder Judicial en materia de combate a la corrupción estructural.
