Cristina Fabiola Carrillo Gutiérrez dedicó 18 años a la policía municipal de Chihuahua. Su historia debería ser una de reconocimiento y servicio, pero desde que denunció a un superior por acoso sexual en 2022, se convirtió en un caso paradigmático de cómo las instituciones mexicanas pueden operar no como garantes de justicia, sino como engranajes que castigan a las víctimas por hablar.
Lo que comenzó con una agresión sexual —tocamientos por parte de un superior en horario laboral— escaló rápidamente en un entorno laboral que la hostigó, aisló y desprotegió. Cristina lo denunció, pidió ayuda y buscó justicia. Lo que recibió fue incredulidad, revictimización y un proceso institucional diseñado más para deslegitimar su testimonio que para investigar lo sucedido.
Las consecuencias para ella han sido devastadoras: diagnósticos de estrés postraumático, depresión grave, fibromialgia y una incapacidad médica permanente. Las consecuencias para su agresor, en cambio, han sido mínimas: ni siquiera fue vinculado a proceso penal. Según el alcalde Marco Bonilla, el denunciado “ya no pertenece a la corporación” porque solicitó su baja voluntaria. Fin del asunto, al parecer.
La trampa de las instituciones
Cristina tocó todas las puertas disponibles: el órgano interno de control de la policía, el Instituto Municipal de las Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ninguna respondió de manera efectiva. El IMM se negó a activar un protocolo porque Cristina había acudido primero a su propia corporación. La CEDH desechó la denuncia con el argumento de que no se habían violentado sus derechos humanos. Y el sistema médico laboral negó que lo vivido fuera un riesgo de trabajo, como si el acoso y la violencia institucional no dejaran secuelas.
Peor aún fue el trato recibido por el personal médico que evaluó su caso: “Para que sea considerado riesgo laboral, tendría que haber sido acosada por toda la corporación”, le dijo el doctor Esparza, en una frase que retrata de forma descarnada la lógica absurda y misógina que opera en muchas áreas del servicio público.
Un sistema que protege al agresor
La jueza Amparo Pérez Barraza, encargada de revisar la denuncia penal de Carrillo, resolvió no vincular al agresor pese a la existencia de peritajes psicológicos y psicosociales. Según la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua (AFECH), esto viola estándares internacionales que colocan al testimonio de la víctima como prueba central en casos de violencia sexual. La resolución no sólo desestimó las pruebas, sino que habilitó al agresor a declararse públicamente “absuelto”, manipulando el lenguaje judicial para lavar su imagen.
El caso se convierte entonces en un ejemplo claro de cómo la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial refuerza la impunidad. La jueza no consideró relevantes los informes psicológicos que acreditaban daño. No consideró el entorno hostil, ni los cambios de turno como castigo, ni la negativa sistemática de auxilio que Cristina denunció en múltiples ocasiones.
Acusar cuesta caro, sobre todo si eres mujer
Además de no obtener justicia, Cristina enfrenta ahora la pérdida de su derecho a una pensión por riesgo de trabajo. Después de casi dos décadas de servicio, el dictamen médico determinó que su salud no se deterioró por su empleo, sino por una “enfermedad general”. El mensaje institucional es claro: las agresiones que ocurren en el trabajo, si no son físicas y visibles, no cuentan.
Más aún, Cristina ha sido objeto de una campaña de desprestigio. Se le acusa de estar motivada por razones políticas, de haber hablado con Morena y de querer perjudicar al alcalde panista Marco Bonilla. Él, en entrevistas, ha afirmado que la denuncia “se debe a un cambio de turno”, y aunque dice conocer perfectamente el caso, jamás ha escuchado su versión en persona.
El silencio como política pública
Este caso no es un error aislado, sino el reflejo de una maquinaria institucional que funciona para encubrir y no para esclarecer. La revictimización no es un efecto colateral: es parte del diseño. La negativa a activar protocolos, la falta de apoyo psicológico y legal, la omisión en la investigación judicial, la descalificación en medios y la resistencia a reconocer los derechos laborales de quien denuncia forman una cadena de impunidad que solo se rompe cuando la presión social obliga a actuar.
En este contexto, la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua ha sido el único actor que ha acompañado a Cristina con coherencia. Han denunciado públicamente la omisión judicial, la falta de perspectiva de género y han exigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al presidente municipal tomar acciones concretas.
El caso de Cristina no solo habla de un agresor: habla de una cultura institucional profundamente patriarcal, de funcionarios que dudan antes de escuchar, de médicos laborales que trivializan la salud mental y de un sistema de justicia que sigue desconfiando de las mujeres por el simple hecho de hablar.
¿Y ahora qué?
Cristina Fabiola Carrillo sigue luchando. Enfrenta sola al aparato institucional de una ciudad que le dio la espalda, que la enfermó y que hoy le niega hasta el derecho a una pensión digna. No pide privilegios ni venganza: exige ser escuchada y que su agresor rinda cuentas. En sus palabras: “Desde que hice público mi caso, ninguna institución me ha brindado apoyo. Estoy aquí, en la lucha, sola”.
