Desde el 12 de mayo de 2025, los consumidores en Estados Unidos ya no tendrán que enfrentarse a cargos sorpresa al comprar entradas para conciertos, reservar hoteles o alquilar viviendas vacacionales. Entró en vigor una nueva norma federal impulsada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) que prohíbe las llamadas junk fees o “tarifas basura”, obligando a empresas como Ticketmaster a mostrar desde el inicio todos los costos involucrados en una compra.
La normativa responde a años de quejas ciudadanas y fallos sistemáticos en la industria del entretenimiento. Ticketmaster, la mayor vendedora de boletos del mundo —con más del 70% del mercado estadounidense y 500 millones de entradas al año en más de 30 países— ha sido el principal blanco de críticas. Su caída en 2022, durante la preventa para la gira de Taylor Swift, marcó un punto de quiebre: el colapso de su plataforma, atribuido a bots y alta demanda, dejó a miles sin boletos tras horas de espera. Desde entonces, la empresa ha enfrentado demandas, investigaciones y acusaciones de prácticas monopólicas.
En este nuevo contexto, Ticketmaster anunció que aplicará la política de “precio total” como estándar inmediato en su sitio. A partir de ahora, los usuarios verán desde el inicio el precio final de los boletos, incluidos cargos por procesamiento, limpieza u otros conceptos, eliminando los cambios de tarifa al final del proceso de compra. Según Michael Wichser, director de operaciones de la empresa, “esto permitirá que los fanáticos puedan comparar más fácilmente los precios entre distintas plataformas”.
Además del precio claro, la empresa implementará mejoras tecnológicas: mostrará el lugar que ocupa cada usuario en la fila virtual al iniciar sesión y proporcionará información en tiempo real si la espera supera los 30 minutos, detallando disponibilidad, rangos de precios y fechas nuevas para eventos.
Este movimiento ocurre mientras el escrutinio sobre la compañía se intensifica. En 2023, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda contra Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation, alegando que operan un monopolio ilegal que eleva artificialmente los precios de los eventos en vivo. La demanda busca la disolución del conglomerado, aunque el caso sigue en proceso.
En paralelo, el expresidente Donald Trump firmó en marzo una orden ejecutiva que también apunta a la industria de los boletos. Aunque con un enfoque distinto, la orden exige a la FTC mayor transparencia y control sobre las prácticas “engañosas y anticompetitivas” en la venta de entradas, incluyendo medidas contra la reventa especulativa. En un gesto mediático, Trump estuvo acompañado por el músico Kid Rock al firmar la orden en la Oficina Oval, declarando que “quien haya comprado un boleto en la última década sabe que es un dilema”.
Aunque las iniciativas de la administración Biden y la orden de Trump parecen coincidir en el diagnóstico, divergen en enfoque. La primera se centra en la transparencia del consumidor como pilar de regulación; la segunda, en frenar la especulación del mercado secundario, un punto especialmente relevante tras los escándalos por reventas infladas durante giras populares como la de Swift.
En respuesta a esta doble presión —normativa y política—, empresas del sector como SeatGeek también han comenzado a adoptar el “precio total” como configuración predeterminada, marcando una transformación potencialmente global en las reglas del juego.
Si bien la transparencia prometida por Ticketmaster puede parecer un paso tardío, también representa una señal de que la tolerancia a los modelos de negocio opacos está alcanzando su límite. Más que un gesto corporativo, la implementación de estas medidas parece ser una estrategia reactiva frente a una creciente ola de regulación y malestar popular. Para una empresa que durante años funcionó como sinónimo de frustración para los fanáticos, el tiempo dirá si la transparencia llegó para quedarse… o si solo es un nuevo maquillaje para un modelo de negocio que aún enfrenta demandas por prácticas anticompetitivas.
