Donald Trump ha decidido celebrar sus primeros 100 días de regreso en la Casa Blanca como acostumbra: firmando órdenes ejecutivas diseñadas para endurecer la política migratoria y castigar a las llamadas “ciudades santuario”. Aunque este tipo de decretos no son novedad, el tono, alcance y estrategia de esta nueva arremetida elevan la tensión entre el Ejecutivo federal, los gobiernos locales y el Poder Judicial.
Las “ciudades santuario” —como Nueva York, Chicago o San Francisco— son jurisdicciones que limitan, de distintas formas, su colaboración con agencias federales como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). La nueva orden ejecutiva firmada por Trump busca crear una lista pública de estas localidades, aplicarles sanciones presupuestales, desplegar militares para asistir en tareas de migración y blindar legalmente a agentes que enfrenten acusaciones de abuso. En resumen: militarización, recorte de fondos y criminalización de la disidencia local.
¿Qué dice exactamente la orden?
El decreto exige que el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional elaboren en 30 días una lista de las ciudades y estados que “obstruyen la ley federal migratoria”. A estas se les notificará formalmente su “incumplimiento” y se les dará una oportunidad para corregirlo. De no hacerlo, podrían enfrentarse a la cancelación de fondos federales.
Pero hay un detalle no menor: un juez federal en California prohibió —hace apenas una semana— que la administración retenga recursos por esta razón, argumentando que violaría la Constitución (incluyendo la Cláusula de Gasto y las Enmiendas Quinta y Décima). Sin embargo, como se vio ya en el primer mandato de Trump, esto no ha detenido intentos similares ni ha evitado consecuencias indirectas como la autocensura de servicios sociales ante el temor a sanciones.
Una estrategia que ya fue rechazada… pero con nuevas herramientas
El asedio a las ciudades santuario no es nuevo. Durante su primer mandato, Trump impulsó recortes presupuestales similares. Aunque fueron bloqueados en tribunales, muchas jurisdicciones experimentaron ya impactos negativos: suspensión de programas sociales, miedo generalizado entre comunidades migrantes y desgaste legal de largo plazo.
Esta vez, el nuevo decreto incluye mecanismos más amplios: se faculta al Departamento de Justicia y al Pentágono para desplegar agentes federales y militares en apoyo a la aplicación de leyes migratorias. Además, se establece un fondo para proteger legalmente a policías demandados por violaciones a derechos humanos, financiado en parte por firmas legales privadas que trabajarán pro bono, entre ellas el despacho donde trabaja Doug Emhoff, esposo de Kamala Harris.
La ofensiva no es solo jurídica o presupuestal: es también simbólica y política. La Casa Blanca adornó sus jardines con fotografías de personas migrantes acusadas de delitos, un gesto de propaganda que mezcla temor, criminalización y campaña electoral en una sola imagen.
¿Qué efectos puede tener?
Aunque legalmente la orden enfrenta obstáculos, su existencia produce efectos prácticos. Helena Olea, subdirectora de Alianza Américas, advierte que, aunque muchas órdenes tienen más valor mediático que operativo, el gobierno ha incrementado la presión para firmar acuerdos de cooperación con ICE bajo la amenaza de multas, sanciones o incluso cárcel a funcionarios que se nieguen.
Esto podría empujar a ciudades pequeñas o gobiernos locales con menos margen político a ceder ante el temor de perder presupuesto o enfrentar procesos judiciales. En palabras de Ximena Bustamante, del Fondo de Mujeres Indocumentadas, la política de Trump no busca solo disuadir la migración: “está convirtiendo los servicios sociales en moneda de cambio y las instituciones locales en blanco de castigo ejemplar”.
La respuesta de las ciudades
Pese a las amenazas, muchas ciudades mantienen su postura. En Los Ángeles, por ejemplo, una ley prohíbe desde noviembre de 2024 que recursos municipales sean usados en tareas migratorias. El concejal Hugo Soto-Martínez fue directo: “Trump ya lo intentó y fracasó porque es inconstitucional. Esta es solo otra táctica de miedo para que sigamos su agenda autoritaria”.
Sin embargo, el riesgo de que el Ejecutivo federal ignore las decisiones judiciales no es menor. La insistencia en perseguir incluso a jueces —como en el caso de la magistrada Hannah Dugan, detenida por frenar el arresto de un migrante— marca un precedente peligroso para el Estado de derecho. La medida fue defendida públicamente por Stephen Miller, asesor de seguridad nacional y arquitecto de las políticas más duras de Trump.
Una administración en modo confrontación
La narrativa de “invasión” y “traición” que promueve Trump en torno a la migración y las ciudades santuario no solo alimenta el discurso de su base electoral: también permite justificar el uso de fuerza, el desvío de recursos legales y la militarización de funciones civiles. El tono de su decreto —calificando a gobiernos locales como “insurrectos”— habla más de guerra interna que de administración pública.
En un país con cientos de jurisdicciones con políticas santuario, el reto legal y logístico de una aplicación uniforme es enorme. Pero incluso si fracasa en los tribunales, la ofensiva ya logró su cometido: sembrar miedo, presionar lealtades políticas y reforzar la narrativa de un enemigo interno.
