Una niña mexicana de cuatro años, diagnosticada con el síndrome de intestino corto y dependiente de un tratamiento médico diario en Estados Unidos, enfrenta la amenaza de deportación. Su nombre es Sofía y su historia concentra la tensión entre los derechos humanos, la política migratoria y los límites de la deshumanización burocrática.
Sofía vive con su madre, Deysi Vargas, en California, tras haber ingresado a EE.UU. en 2023 mediante un parole humanitario durante el gobierno de Joe Biden. Fue recibida de emergencia por autoridades fronterizas debido al evidente deterioro de su salud, y rápidamente internada en hospitales especializados en gastroenterología pediátrica. Desde entonces, ha sido tratada en el Children’s Hospital de Los Ángeles con un protocolo riguroso que incluye nutrición parenteral total (NPT) —un sistema de alimentación intravenosa que dura 14 horas al día y que, de interrumpirse, puede significar la muerte en cuestión de días, según su médico tratante, John Arsenault .
El 11 de abril de 2025, bajo la administración de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional revocó abruptamente el permiso humanitario de la menor y de su madre. La familia fue notificada de que debía abandonar “inmediatamente” Estados Unidos o enfrentar acciones legales. La decisión, calificada por su defensa legal como discrecional y arbitraria, no responde a ningún incumplimiento por parte de la familia. Al contrario, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, madre e hija han cumplido en todo momento con las condiciones del parole otorgado .
La revocación del permiso se inscribe en una política migratoria cada vez más agresiva. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha implementado una serie de medidas que erosionan los mecanismos de protección para migrantes en situación de vulnerabilidad. El uso del programa CBP One, que antes ofrecía protección temporal, ahora se ha convertido en una herramienta de presión para que los migrantes salgan del país “voluntariamente”. Casos como el del salvadoreño Kilmar García Ábrego, deportado presuntamente por error pese a estar bajo protección legal, o el arresto de activistas como Jeanette Vizguerra-Ramírez y Mahmoud Khalil, muestran un patrón: una ofensiva sistemática contra la migración humanitaria, la disidencia y la organización política en defensa de derechos civiles .
En este contexto, la historia de Sofía resalta por su crudeza. A pesar de los avances médicos, la menor sigue dependiendo completamente del sistema de atención estadounidense, no sólo por la sofisticación del tratamiento, sino porque en México no existen las condiciones para replicarlo. “Esta niña morirá y no tiene sentido que eso ocurra”, advirtió la abogada Rebecca Brown, representante del bufete Public Counsel, que tomó el caso pro bono .
Las acciones de la SRE han sido puntuales, aunque aún limitadas en impacto: se ha emitido un comunicado oficial, se ha contactado a consulados en Los Ángeles y Fresno, y se ha brindado acompañamiento legal a través de la organización Public Counsel. Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno mexicano ya está interviniendo, pero también señaló que no se tienen detectados otros casos similares, a pesar del aumento en revocaciones de paroles a migrantes latinoamericanos —más de 530 mil sólo en marzo, según reportes citados por ABC News y NBC News .
El caso de Sofía no es una anécdota aislada, ni una excepción moral que conmueve por la infancia. Es la expresión extrema de una lógica de Estado que trata las fronteras como campos de exclusión sanitaria y política. La migración no sólo se criminaliza, también se despoja de su dimensión humana. Cuando se trata de sobrevivir, un tubo gástrico y una mochila con nutrientes no son suficiente pasaporte. Y aún así, es lo único que impide que Sofía muera.
