Mientras Joe Biden abrió una puerta legal para más de 500 mil personas migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, Donald Trump busca cerrarla de golpe. La administración del expresidente republicano presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de EE.UU. para revocar el programa de parole humanitario, que otorga estatus legal temporal y autorización de trabajo por dos años a personas que llegan con patrocinadores financieros.
Este programa, implementado desde finales de 2022 por la administración Biden, se ampara en una autoridad presidencial vigente desde 1952 y ha sido uno de los recursos más utilizados por el actual presidente para regular flujos migratorios sin necesidad de reformas legislativas. Pero para Trump y sus aliados, esta medida “interfiere indebidamente” con las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según argumenta el procurador general John Sauer, quien tacha al programa como una decisión de política migratoria que fue “anulada” por un fallo judicial “erróneo”.
La jueza federal Indira Talwani, nombrada por Obama, fue quien bloqueó el intento de eliminar el parole humanitario de forma masiva. Su decisión, emitida en abril, evitó que entrara en vigor la orden del DHS que hubiese dejado en situación irregular —y posible deportación— a miles de beneficiarios a partir del 24 de abril. Talwani subrayó que el gobierno pretendía aplicar una “interpretación incorrecta” de la ley migratoria, ya que el parole no puede eliminarse sin evaluaciones individuales, y mucho menos mediante expulsiones aceleradas para personas que entraron al país legalmente.
La jugada legal de Trump no es aislada ni nueva: forma parte de una estrategia amplia para revertir políticas migratorias implementadas por Biden, muchas de ellas vistas como “blandas” por los sectores conservadores. A la par de esta apelación sobre el parole, el expresidente también pidió a la Corte Suprema —de mayoría conservadora— su aval para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege a más de 350 mil venezolanos.
Aunque estas acciones se presentan como disputas jurídicas sobre competencias del Ejecutivo, lo que está en juego son los derechos de más de medio millón de personas que hoy viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos. A pesar de no haber cruzado irregularmente ni tener antecedentes, se les coloca en la antesala de la deportación, a expensas de una Corte que ya ha respaldado decisiones polémicas en temas migratorios.
En resumen, lo que para Biden ha sido un recurso de gestión migratoria estratégica, para Trump es una concesión que debe ser eliminada a toda costa, incluso si ello implica dejar a cientos de miles de personas en un limbo legal. Lo que se disputa no es solo la interpretación de una ley, sino la idea misma de qué significa ser “bienvenido” en Estados Unidos.
