Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas (1999-2004) y en su momento aspirante presidencial por el PRI, acumula ya dos autos de formal prisión en México tras su deportación desde Estados Unidos el pasado abril. El más reciente, dictado por un juez federal, es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente bajo la figura jurídica de adquisición de bienes por “interpósita persona” —es decir, a través de terceros— con dinero vinculado a una banda criminal.
Esta acusación no es menor. Según la Fiscalía General de la República (FGR), a Yarrington se le relaciona con una organización delictiva que, tanto durante su mandato como gobernador como posteriormente, le habría transferido recursos utilizados para adquirir al menos tres propiedades, tanto en México como en el extranjero. Aunque el nombre del grupo criminal no ha sido confirmado oficialmente, fuentes periodísticas apuntan al Cártel del Golfo como el presunto financista.
El nuevo proceso se suma al primero iniciado en abril, también con auto de formal prisión, por delitos contra la salud. En concreto, se le acusa de colaboración para el fomento y facilitación de actividades relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades federales han señalado que ambos casos se complementan y podrían ser usados para endurecer la eventual condena que reciba el exmandatario.
El historial judicial de Yarrington no comenzó con su retorno a México. En realidad, su caída comenzó mucho antes: en 2011 se formularon las primeras acusaciones por lavado de dinero, y en 2013 se giró una orden de captura por delitos relacionados con el narcotráfico. Fue finalmente arrestado en 2017 en Florencia, Italia, donde vivía con documentos falsos. Un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde en 2021 confesó haber recibido sobornos por al menos 3.5 millones de dólares, y fue condenado a nueve años de prisión.
Tras cumplir parte de su condena, Yarrington fue deportado el 9 de abril de 2024. Al día siguiente ingresó al Centro Federal de Reinserción Social número Uno, mejor conocido como el penal del Altiplano, donde permanece bajo custodia mientras enfrenta los nuevos cargos en su país natal.
El caso de Yarrington no solo revela una trayectoria personal marcada por la corrupción y el crimen organizado, sino también las persistentes fallas del sistema político mexicano para controlar los vínculos entre el poder institucional y el narcotráfico. Su regreso a territorio nacional reabre el debate sobre la impunidad, la eficacia de la justicia transnacional y el uso político de los procesos judiciales de alto perfil. Mientras tanto, en el Altiplano, el exgobernador espera juicio, ahora como uno más entre los muchos nombres que integran la larga lista de políticos mexicanos procesados por sus alianzas con el crimen.
