Acapulco, el emblemático puerto guerrerense, no solo enfrenta oleajes en sus costas, sino también dentro de su administración pública. La alcaldesa Abelina López Rodríguez, reelegida en 2024 con una cifra récord de votos, está ahora en el ojo del huracán por presuntos vínculos con el crimen organizado y el manejo irregular de casi 898 millones de pesos.
Las acusaciones más explosivas provienen del periodista Héctor de Mauleón, quien en una videocolumna para LatinUs aseguró que López habría sido financiada en su campaña de 2021 por El Gerry —Gerardo Teodoro Vázquez Barrera—, un presunto operador del Cártel del Noreste. Según De Mauleón, el nexo habría sido facilitado por el entonces senador y actual diputado federal José Narro Céspedes, quien también habría apoyado la campaña del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y aunque parezca guion de serie policiaca, lo cierto es que esas conexiones ya forman parte de investigaciones de agencias estadounidenses.
Pero mientras las tramas de financiamiento ilícito se deslizan entre pasillos políticos y columnas de opinión, la realidad institucional pone en jaque a la alcaldesa. La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) la denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público. ¿La causa? La falta de comprobación del uso de 898 millones de pesos provenientes del Ramo 33, un fondo federal destinado a infraestructura social.
López, sin rodeos, se amparó. “En Guerrero todo se puede”, ironizó al justificar su decisión. Y no solo eso: interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando que únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no la ASE, puede revisar el uso de recursos federales. Su defensa se apoya en el artículo 79 constitucional, aunque ha sido motivo de debate jurídico entre autoridades estatales y federales.
A esto se suma una fianza de apenas 15 mil pesos que pagó para evitar una orden de aprehensión. Sí, 15 mil por casi 900 millones en entredicho. La cifra, comparativamente hablando, equivale al precio de una motocicleta austera para una acusación de dimensiones colosales.
En paralelo, fuentes cercanas a Morena aseguran que la presión interna por su renuncia va en aumento. El incumplimiento del plazo legal para presentar la documentación fiscal de 2023, el pasado 27 de mayo, solo acrecentó la tensión. Y en medio de este clima, la alcaldesa no dudó en sugerir que todo esto es una “persecución política” encabezada, según ella, por el senador Félix Salgado Macedonio, a quien llamó “la persona que cuida perros”, en referencia al albergue Perritos Felices en Chilpancingo.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum evitó tomar postura directa, sí recordó que toda autoridad debe actuar dentro del marco legal, manejar los recursos con transparencia y responder a los órganos de fiscalización.
Abelina López, licenciada, maestra y doctora en Derecho, con más de 40 años de militancia política y activismo social, se encuentra ahora enfrentando la mayor crisis de su carrera. De defensora de la tierra y la vivienda a protagonista de un escándalo de casi mil millones de pesos, el trayecto de Abelina parece confirmar que en México la política sí da para todo… incluso para los guiones que la televisión ya no se atreve a producir.
