Campeche se convirtió en la tercera entidad del país en dar un paso legislativo que, más allá del simbolismo, busca cerrar una de las grietas más profundas de la justicia mexicana: el reconocimiento legal de la violencia letal contra mujeres trans como un crimen de odio. Con la aprobación unánime del Congreso local, se incorporó al Código Penal del estado el delito de transfeminicidio, imponiendo penas de 45 a 70 años de prisión y multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización.
La iniciativa, impulsada por la diputada morenista Verónica Margarita Roca Méndez, define este delito como el acto de privar de la vida, por razón de identidad o expresión de género, a una mujer trans o a una persona percibida dentro del espectro femenino. No es solo una nueva categoría penal; es una respuesta legislativa a una realidad social persistente: la impunidad sistemática frente al asesinato de personas trans, muchas veces invisibilizado por las propias instituciones.
El contexto no es menor. Según la activista Michel Silva Zuloaga, de la organización “Una población diversa”, tan solo en 2023 se registraron al menos 80 asesinatos de mujeres trans en el país, aunque muchos de estos crímenes ni siquiera son clasificados como tales. “Lo que planteamos es que las personas trans también entran dentro de esa clasificación [de feminicidio]”, subrayó, cuestionando el discurso de odio que permea tanto en lo social como en lo institucional.
A pesar de la aprobación unánime, la iniciativa no estuvo exenta de resistencias. Silva Zuloaga denunció que un diputado de Morena se abstuvo de votar por “poner primero sus creencias”, una omisión que, desde la perspectiva de las víctimas, tiene consecuencias tangibles. “Ese tipo de situaciones pasan inadvertidas, pero son las que nos matan a final de cuentas”, sentenció.
La activista Esmeralda Alonso, del colectivo “Es de Corazón Trans”, celebró la reforma como un avance jurídico que permite nombrar y abordar con claridad los crímenes por identidad y expresión de género. “Las poblaciones trans siguen siendo violentadas, no solo con discursos de odio que incitan a las nuevas generaciones, sino con agresiones que no podemos seguir permitiendo”, dijo en declaraciones retomadas por PSR Noticias.
En el escenario nacional, Campeche se suma a Nayarit y Ciudad de México, los únicos estados que hasta ahora han legislado sobre el tema. Nayarit fue el pionero en marzo de 2024, estableciendo penas de hasta 60 años, mientras que la capital promulgó en julio la Ley Paola Buenrostro, que contempla hasta 70 años de prisión. La disparidad en los marcos legales estatales resalta un vacío normativo que mantiene a la mayoría de los crímenes contra personas trans sin clasificación adecuada, ni justicia efectiva. “Faltan 29 estados por legislar sobre transfeminicidio”, recordó Roca Méndez, quien también hizo un llamado a armonizar los códigos penales locales con un enfoque de derechos humanos.
Este avance legislativo se dio en una sesión del Congreso de Campeche donde también se discutieron reformas sobre custodia de documentos públicos y adopciones, estas últimas orientadas a garantizar la vida familiar en condiciones de igualdad para niñas, niños y adolescentes. No es irrelevante: si la justicia se mide por cómo trata a sus poblaciones más vulnerables, la sesión del Congreso campechano dejó una señal de ruta que otros congresos estatales deberán considerar.
Aunque la inclusión legal del transfeminicidio es un paso necesario, no basta con tipificar delitos: se requiere voluntad política para aplicar la ley, capacitar a ministerios públicos, jueces y policías, y desmontar los prejuicios que siguen permeando el sistema judicial. Porque cuando la justicia tarda —o se niega a nombrar—, el crimen se repite.
