El 11 de junio, el sacerdote Antonio María Cabrera Cabrera, integrante de la congregación Legionarios de Cristo, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y la INTERPOL México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La detención obedeció a una orden de aprehensión girada por un juez del Estado de México por el delito de violación sexual agravada en contra de un menor de edad.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, Cabrera habría cometido los abusos en repetidas ocasiones entre 2004 y 2011, en un inmueble ubicado en Naucalpan, cuando la víctima tenía entre seis y trece años de edad. Los hechos fueron denunciados formalmente en diciembre de 2024, lo que detonó la investigación judicial en curso.
La audiencia de imputación se realizó en los juzgados de Tlalnepantla el 14 de junio. La jueza Paulina Piña Pérez dictó prisión preventiva justificada, al considerar que existe riesgo de fuga y peligro para la víctima y otros menores, desestimando los argumentos de la defensa, que alegó arraigo, domicilio fijo y problemas de salud del acusado. Cabrera fue trasladado al penal de Barrientos, donde permanecerá al menos hasta el 17 de junio, fecha en que se decidirá su posible vinculación a proceso.
¿Quién es Antonio Cabrera?
Además de su rol como sacerdote, Antonio Cabrera es identificado como fundador dentro de los Legionarios de Cristo, con estrecha cercanía al polémico fundador de la congregación, Marcial Maciel. También fue director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, institución ligada históricamente a la Legión.
Su trayectoria, como en otros casos similares, estuvo marcada por cargos académicos y acceso a espacios de formación juvenil, lo que refuerza la preocupación sobre los mecanismos de control y protección dentro de la institución religiosa.
La respuesta oficial: cooperación medida y cauta
Tras la detención, los Legionarios de Cristo emitieron varios comunicados en los que aseguraron estar “en plena disposición para colaborar con las autoridades civiles para el esclarecimiento de la denuncia”. Afirmaron también que no habían recibido información previa de las autoridades sobre el proceso, aunque reconocen haber tenido conocimiento del caso antes de la detención.
Lo que sí dejaron claro es que, en caso de una resolución condenatoria, apoyarán su cumplimiento. Sin embargo, si la resolución resulta absolutoria, la congregación buscará activamente la restitución de su “buen nombre y fama pública”, frase que no pasa desapercibida si se recuerda el historial de escándalos que rodean a la institución.
En una audiencia pública, el abogado defensor de Cabrera fue identificado como Daniel Beltrán Moctezuma, representante legal de la misma congregación. Es decir, mientras la Legión promete imparcialidad, continúa defendiendo legalmente a uno de los suyos.
Maciel como antecedente estructural
Los Legionarios de Cristo fueron fundados en 1941 por Marcial Maciel, sacerdote que, según un informe interno publicado en 2019, abusó sexualmente de al menos 60 menores. El caso de Maciel es uno de los más graves en la historia reciente de la Iglesia Católica, y marcó el inicio de una cadena de denuncias sobre abusos sexuales, opacidad financiera y encubrimientos dentro de la congregación.
Cabrera no es el primer miembro de alto rango señalado por abuso sexual infantil, pero su cercanía con Maciel reaviva preguntas sobre la cultura institucional dentro de la congregación y su compromiso real con la “cultura de prevención y transparencia” que reiteran en cada comunicado.
Sheinbaum: una reacción sobria
Cuestionada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia mañanera que no se trató el tema en el gabinete, pero señaló que “cuando hay, sobre todo este tipo de delitos que son muy dolorosos, que se actúe con la ley”. La frase refleja una postura institucional prudente, sin compromiso político ni religioso visible, aunque no deja de llamar la atención la falta de énfasis sobre el contexto de impunidad eclesiástica.
¿Qué sigue?
El 17 de junio se llevará a cabo la audiencia para determinar si Cabrera será vinculado a proceso penal. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de las instituciones religiosas en casos de abuso sexual, el rol de los abogados internos y la ambigua posición que suelen tomar ante delitos de esta gravedad.
Aunque los Legionarios insisten en su compromiso con la justicia, la continuidad de su respaldo legal al acusado y su interés explícito en proteger su reputación antes que a la víctima sugiere que el aprendizaje institucional —si es que lo hubo— aún no alcanza a transformar su cultura de encubrimiento.
