El caso de presunto abuso sexual infantil en Zimapán, Hidalgo, ha escalado de lo local a lo internacional. A tres años de la denuncia presentada en 2022 por Jaqueline Trejo Leal, madre de las víctimas, y respaldada por su hermana Aylén, las autoridades mexicanas enfrentan señalamientos de opacidad, dilación e incluso protección institucional a los presuntos agresores: cinco personas con vínculos familiares y políticos dentro del partido Morena.
Los señalados incluyen a Arturo Williams Trejo Leal, empresario y figura pública en Hidalgo; su esposa Bertha Eva Medina Hernández; su hermana Ixtshelle Trejo Leal; su cuñado Eduardo Bibiano Badillo Mejía; y la diputada local con licencia, Alhely Medina Hernández. Todos enfrentan órdenes de aprehensión por los delitos de abuso y violación sexual infantil, según confirmaron tanto la Procuraduría estatal como el gobernador Julio Menchaca. No obstante, tres de ellos —Arturo, Bertha Eva y Alhely— cuentan con suspensiones definitivas otorgadas por un juez federal, con lo cual evitan ser detenidos por el momento.
La estrategia legal de los acusados ha estado centrada en los recursos judiciales para dilatar el proceso. En particular, las suspensiones fueron obtenidas tras alegar residencia en la Ciudad de México, a pesar de que sus cargos públicos o domicilios oficiales se ubican en Hidalgo. Aylén Trejo, tía de las víctimas, ha denunciado ante los medios que dichas suspensiones se basan en información falsa, y que ya prepara pruebas para impugnarlas. El próximo 4 de junio será clave, pues se definirá si se les otorga o no el amparo definitivo.
Mientras tanto, la Interpol emitió fichas rojas y alertas migratorias para localizar a los implicados, luego de que fueran declarados no localizables por las autoridades mexicanas. La búsqueda se ha extendido internacionalmente con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército, la FGR y policías estatales y municipales.
A nivel legislativo, el Congreso de Hidalgo aprobó —sin debate y por mayoría morenista— dos licencias consecutivas de 30 días para la diputada Alhely Medina. La justificación: motivos personales, sin alusión directa a la investigación penal. La legisladora, en paradero desconocido, ha emitido comunicados en los que se dice inocente y denuncia una persecución política motivada por una disputa por la herencia de su padre. En sus palabras, “mi conciencia está tranquila, pero mi alma se aflige”.
Del lado contrario, la parte denunciante insiste en que hay suficientes elementos para proceder. Según la cronología oficial, las niñas identificaron a sus agresores en entrevistas realizadas entre agosto y septiembre de 2022, mediante pruebas psicológicas y exámenes clínicos. Las menores, ahora bajo resguardo del DIF en un refugio, continúan protegidas por medidas cautelares otorgadas por la FGR.
El padre biológico de las niñas, Mario Alfredo Espinoza, también ha intentado obtener su custodia mediante un amparo aprobado en Querétaro. Sin embargo, pesa sobre él una denuncia por abuso sexual y violencia familiar, situación que ha generado tensiones adicionales. La madre de las menores, Jaqueline Trejo, ha sostenido su denuncia pese a la fragmentación familiar y los señalamientos cruzados.
El expediente judicial se ha enredado entre acusaciones de manipulación política, disputas hereditarias y recursos judiciales que, en la práctica, han frenado la justicia. La Fiscalía estatal sigue sin ejecutar las órdenes de aprehensión más antiguas, mientras que el Congreso protege con licencias y silencio institucional a una diputada que, aunque con fuero suspendido, continúa sin ser localizada.
El caso Zimapán expone no solo una presunta red de agresores vinculados entre sí, sino también una serie de omisiones estructurales que diluyen las posibilidades de acceso a la justicia para dos niñas víctimas. La justicia, atrapada entre argumentos legales y privilegios políticos, aún no ha respondido con contundencia. Y la pregunta de fondo permanece: ¿puede el sistema judicial sostener su credibilidad cuando quienes deben ser juzgados siguen legislando, escondiéndose o defendiéndose desde el poder?
