En una votación unánime con 35 votos a favor, el Congreso del Estado de Chiapas aprobó una reforma histórica a su Código Penal para tipificar como delito el maltrato y la crueldad animal, en particular hacia perros y gatos. Esta medida convierte a la entidad en la última del país en penalizar formalmente estas conductas, respondiendo así a una exigencia ciudadana largamente pospuesta.
La reforma establece un marco sancionador progresivo: penas de seis a 12 meses de prisión y multas de 50 a 100 UMAs para casos de maltrato sin consecuencias graves; de 12 a 24 meses y multas de hasta 400 UMAs si hay daño físico permanente; y de dos a cinco años de cárcel —más hasta 600 UMAs de multa— si el acto resulta en la muerte del animal. Para quien ejerza profesionalmente el cuidado animal y sea responsable del hecho, se aplicará una inhabilitación de hasta tres años.
En una de las disposiciones más contundentes, se sancionará con hasta cuatro años de prisión a quienes participen en la organización, promoción, financiamiento o realización de peleas de perros, además del decomiso de objetos involucrados, clausura del establecimiento y revocación de permisos o licencias.
También se penaliza el abandono de animales cuando este ponga en riesgo su vida: de 18 meses a tres años de prisión, con multas de entre 100 y 200 días de UMA. Estas disposiciones se agrupan en un nuevo título del Código Penal local, que reconoce a los animales de compañía como “seres sintientes” merecedores de protección especializada.
El Congreso estatal justificó estas medidas argumentando que el trato ético hacia los animales refleja el nivel moral y jurídico de una sociedad, y reconoció que perros y gatos forman parte esencial del entorno afectivo de miles de hogares chiapanecos. Diputadas como Andrea Negrón Sánchez y Silvia Esther Argüello, así como el diputado Juan Salvador Camacho, enfatizaron que esta legislación es también una respuesta a las voces sociales y a la presión constante de organizaciones como Igualdad Animal.
La reforma fue celebrada por colectivos animalistas, quienes desde hace años exigían al Congreso dejar atrás su rezago normativo. De hecho, hasta antes de esta modificación, Chiapas era el único estado de México donde el maltrato animal no estaba tipificado como delito penal.
Aunque este avance legal es significativo, también plantea interrogantes. La eficacia de estas reformas dependerá de su correcta aplicación por parte del sistema judicial local, del compromiso de las autoridades para hacer valer las sanciones y de un cambio cultural que acompañe la letra de la ley. Como en otros ámbitos, no basta con endurecer penas; se requiere prevención, educación y vigilancia constante.
A más de una década de que otras entidades del país comenzaron a legislar en esta materia, Chiapas finalmente se suma a una agenda que ya es parte de las expectativas mínimas de una sociedad contemporánea. La deuda estaba vigente y, aunque tarde, se empieza a saldar.
