La reciente multa impuesta por el Ayuntamiento de Chihuahua a Los Tucanes de Tijuana por interpretar narcocorridos durante su presentación en la Feria de Santa Rita 2025 ha reabierto el debate sobre los límites de la expresión artística frente a las regulaciones locales contra la apología del delito. El castigo, por 735 mil 410 pesos, fue ejecutado tras determinar que al menos 12 de las 37 canciones interpretadas hacían referencia directa a figuras del crimen organizado, violando el Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos del municipio.
De acuerdo con El Universal y La Jornada, esta sanción se aplicó a través de la exigencia de una fianza previa —equivalente a 6,500 UMAs— que todos los grupos musicales con antecedentes en este tipo de repertorio deben entregar antes de subir al escenario. La medida, según el subdirector de Gobernación del municipio, Pedro Oliva, busca prevenir la difusión de mensajes que glorifican al narcotráfico, práctica que desde 2023 está sujeta a penalizaciones más severas tras la reforma del reglamento.
Aunque algunos títulos como El Águila Blanca fueron interpretados dos veces, y otros como Suena la Banda en el Rancho incluyeron visuales alusivos, la defensa de las autoridades se sostiene sobre la base de la “aplicación del reglamento” más que sobre un análisis cultural o artístico. La insistencia en esta narrativa también contrasta con la omisión de sanciones hacia agrupaciones locales como Conjunto Primavera, cuya presentación en el mismo evento fue destacada por no incluir este tipo de contenidos.
El episodio no es aislado. Los Tucanes ya habían sido multados en octubre de 2023 por una presentación similar en la Exposición Ganadera, donde el 40% del concierto consistió en narcocorridos, lo que derivó en una multa cercana a los 900 mil pesos. En esa ocasión, los fondos recaudados fueron canalizados al DIF municipal, estrategia que se mantiene como justificación pública de estas sanciones.
La censura institucional de los narcocorridos en Chihuahua no es nueva, pero sí se ha intensificado desde que el reglamento municipal fue reformado formalmente en julio de 2023. Ahora contempla multas de hasta 967 mil pesos y arrestos administrativos, consolidando un marco que busca alejar la narrativa criminal del espacio público. Esto se enmarca también en un contexto nacional en el que han proliferado medidas similares, particularmente tras los conciertos de Los Alegres del Barranco, donde se difundieron imágenes de “El Mencho”, líder del CJNG, en escenarios de Jalisco y Michoacán.
El trasfondo político no es menor. Chihuahua, gobernado por el PAN, se posiciona como uno de los pocos municipios que aplican con rigor estas prohibiciones, lo que abre interrogantes sobre el papel de la música como forma de resistencia o romanticismo criminal, y la del Estado como curador moral de lo que se escucha. Sin declaraciones aún por parte del grupo, lo que queda sobre la mesa es un caso ejemplarizante que tensiona los límites entre libertad artística, moral pública y control político.
