Los once sicarios detenidos en México, acusados de participar en la fabricación y explosión de una mina terrestre que mató a ocho militares en Michoacán, tuvieron relación con las Fuerzas Militares, señaló el Gobierno de Colombia.
La violencia que azota el occidente de México cobró una dimensión internacional tras los atentados ocurridos el 27 y 28 de mayo en Michoacán y Jalisco, donde murieron al menos catorce elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas. En operativos posteriores, las autoridades detuvieron a 17 personas presuntamente vinculadas con los ataques, entre ellas once ciudadanos colombianos, todos con pasado militar. La noticia ha sacudido a ambos países y ha encendido las alarmas sobre la creciente participación de exmilitares extranjeros en estructuras criminales del narcotráfico.
El primero de los atentados ocurrió el 27 de mayo en la comunidad de El Santuario, municipio de Los Reyes, Michoacán, donde una narcomina —artefacto explosivo de fabricación casera— mató a ocho soldados que patrullaban una de las zonas más disputadas por el crimen organizado. Al día siguiente, en la frontera entre Michoacán y Jalisco, otro explosivo acabó con la vida de seis integrantes de la Guardia Nacional.
Los ataques desencadenaron una intensa operación militar en la región, que derivó en la captura de 17 sospechosos en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Villa de Oriente, en Los Reyes. Entre los detenidos, once han sido identificados como ciudadanos colombianos, todos exintegrantes de las Fuerzas Armadas de ese país, de acuerdo con información oficial proporcionada por la Cancillería de Colombia.
La revelación fue confirmada por el propio presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en una alocución televisiva advirtió que su país se ha convertido en un exportador de mercenarios. “Acaba de estallar una bomba contra el Ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El Ejército, en su acción, fue y capturó a los posibles autores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos… Estamos exportando mercenarios a la mafia”, declaró el mandatario, aunque más tarde la Cancillería aclaró que todos los implicados estaban retirados de las filas militares.
El martes 3 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, tras verificar los datos proporcionados por las autoridades judiciales mexicanas, ratificó que once de los doce nombres entregados corresponden a ciudadanos colombianos.
“A partir de ese momento, nuestra misión Consular en México adelantó las gestiones de verificación de las identidades de las personas señaladas, dando como resultado que 11 de los 12 nombres presentados por la fiscalía general de la República de México son colombianos y tuvieron relación con las Fuerzas Militares de Colombia en el pasado. Como todos nuestros connacionales recibirán la correspondiente atención consular, a fin de velar por las garantías legales, procesales y humanitarias a las que tienen derecho“, precisó el comunicado.
La Cancillería también destacó que lamenta profundamente lo ocurrido, señalando que la mayoría de los ciudadanos colombianos que llegan a México lo hacen con fines turísticos, académicos o profesionales. La institución diplomática señaló que este tipo de casos no representa el comportamiento general de los nacionales que residen o visitan suelo mexicano.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las familias de los soldados mexicanos asesinados. La dependencia diplomática también destacó que los colombianos capturados recibirán atención consular, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos legales y procesales.
Aunque no se ha precisado la relación directa de los detenidos con organizaciones criminales mexicanas, el gobierno colombiano reconoció la existencia de redes trasnacionales que reclutan a personal con formación militar para integrarlos como operadores armados al servicio del narcotráfico, el tráfico de migrantes y la trata de personas. Se trata de una cooptación que responde tanto a la demanda del crimen organizado mexicano como a la disponibilidad de exmilitares entrenados en Colombia, un país que arrastra décadas de conflicto armado interno.
“Redes que involucran actividades el narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y un creciente fenómeno de cooptación de personal con formación militar para integrar estructuras criminales, sirviendo como mercenarios”.
En ese sentido, ambos gobiernos han coincidido en la necesidad de reforzar la cooperación judicial e investigativa. “Hacemos un llamado para fortalecer las relaciones de cooperación entre los dos países, para hacerle frente a fenómenos delictivos que han extendido sus redes entre Colombia y México”, señaló la Cancillería.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han brindado detalles sobre la situación legal de los detenidos, ni han confirmado si enfrentarán cargos por homicidio, terrorismo o vínculos con el crimen organizado. La investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la República.
Mientras tanto, el consulado colombiano en Ciudad de México continúa brindando acompañamiento a los detenidos. No se ha informado si alguno de ellos ha solicitado apoyo legal a través de la representación diplomática.
El caso deja al descubierto una nueva arista de la violencia en México: la presencia de extranjeros con entrenamiento militar dentro de las filas del crimen organizado, y plantea interrogantes urgentes sobre el tipo de guerra que se libra en las zonas más conflictivas del país. Una guerra donde los límites entre el narcotráfico, el paramilitarismo y los intereses trasnacionales parecen cada vez más difusos.
