Con una participación ciudadana del 13.01 % y un retraso de más de 84 horas para concluir el cómputo, el Instituto Nacional Electoral (INE) cerró una elección judicial inédita y altamente cuestionada por su baja legitimidad social y resultados previsibles: el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estará integrado, en su mayoría, por perfiles cercanos al oficialismo.
Aunque el INE había comprometido concluir el conteo entre el 1 y el 3 de junio, el proceso se extendió hasta la mañana del 5 de junio debido a incidentes logísticos. Según explicó el organismo, hubo errores como el envío de paquetes al OPLE de Veracruz por equivocación, y conflictos comunitarios en algunas regiones de Chiapas que complicaron el conteo final de 151 actas. A pesar de estos contratiempos, se logró contabilizar un total de 116.6 millones de votos, considerando que cada ciudadano podía emitir hasta nueve votos en su boleta.
El resultado fue contundente: Hugo Aguilar Ortiz, ex operador de Andrés Manuel López Obrador y abogado mixteco, encabezará la nueva SCJN con más de seis millones de votos. Le siguen Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y María Estela Ríos, todas vinculadas de alguna forma a la Cuarta Transformación (4T). Las ministras Batres, Esquivel y Ortiz ya formaban parte de la Corte, lo que resalta la continuidad política en la integración del tribunal.
Aunque el INE aclaró que los ganadores no serán oficialmente proclamados hasta la entrega de constancias de mayoría el 15 de junio, el mensaje político ya es evidente: Morena y sus aliados consolidan su control sobre el Poder Judicial, ahora con mayoría en la SCJN y, también, en el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), instancia que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal.
Este nuevo órgano disciplinario será encabezado por cinco magistraturas, entre ellas, figuras propuestas directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, como Rufino H. León Tovar e Indira Isabel García Pérez. Las otras integrantes provienen del actual CJF, como Celia Maya y Eva Verónica de Gyvés. El Tribunal entrará en funciones el 1 de septiembre con un mandato de seis años y presidencias rotativas.
Mientras desde el INE se intenta mantener el relato de transparencia, sectores como la Barra Mexicana de Abogados (BMA) han expresado alarma por el bajo nivel de participación. Para el gremio jurídico, el escaso involucramiento ciudadano “debilita a las personas juzgadoras que habrán de desempeñar una función esencial en el Estado de Derecho”. En su pronunciamiento, la BMA insistió en que esta reforma judicial –a través de las urnas– exhibe problemas estructurales de la normatividad, advertidos previamente sin que se corrigieran.
En total, de los casi 100 millones de ciudadanos convocados, solo 12.9 millones acudieron a votar. A este dato deben añadirse los más de 26 millones de votos que fueron nulos o se dejaron en blanco, lo que reabre la discusión sobre el valor simbólico y político de un ejercicio electoral que, más allá del tecnicismo, terminó validando una estructura institucional que cambia de forma, pero no de fondo.
Aunque el INE asegura que “no hay lugar a dudas” sobre la legalidad del proceso, el contexto sugiere que los nuevos ministros y magistrados deberán enfrentar el reto no solo de administrar justicia, sino de legitimarse ante una ciudadanía que, en su mayoría, decidió no acudir a las urnas. En términos culturales, podría decirse que esta fue una elección más parecida a una entrega de premios sin audiencia que a una verdadera competencia democrática: el guion ya estaba escrito, solo faltaba cerrar la transmisión.
