En Morelos, el Congreso parece estar ensayando un giro de trama que combina ambición electoral, retrocesos en derechos y acuerdos tras bambalinas. En una sesión extraordinaria convocada de forma exprés —duró apenas 10 minutos— legisladores locales dieron entrada a dos reformas de alto impacto: una para incrementar de 20 a 30 las curules del Congreso y otra para modificar la sentencia que garantiza la paridad de género en candidaturas municipales en 2027.
Ambas propuestas fueron presentadas por el panista Daniel Martínez Terrazas, quien, según distintas fuentes, busca postularse a la alcaldía de Cuernavaca, una de las demarcaciones que quedarían fuera del listado de municipios reservados para mujeres si las reformas prosperan. La sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEM/JDC/15/2024) había ordenado al Impepac garantizar la postulación de mujeres en 21 municipios como acción afirmativa para revertir décadas de desigualdad. De 1997 a la fecha, solo el 8% de las alcaldías en Morelos han sido encabezadas por mujeres.
La nueva propuesta plantea eliminar municipios estratégicos como Cuernavaca y Jiutepec del listado y sustituir la medida por una supuesta alternancia de género… pero a partir de 2030. En otras palabras: posponer el mandato judicial y reconfigurarlo bajo términos más cómodos para quienes hoy controlan los partidos.
Lo que alarma no es solo el contenido de las iniciativas, sino el contexto en que surgen. Como lo documentaron medios como Animal Político y Pie de Página, estas reformas parecen ser parte de un pacto político que incluye también la eliminación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). La gobernadora Margarita González Saravia, afín a Morena, impulsa esta medida bajo el argumento de la austeridad y la eficiencia institucional, en línea con la política del Ejecutivo federal.
Distintas voces han advertido sobre las implicaciones de este canje institucional. El Observatorio de Paridad y Violencia Política ha calificado estas acciones como “violencia política en razón de género”, señalando que ignorar una sentencia judicial firme vulnera derechos adquiridos. La abogada electoral Perla Pedroza recordó que en 2014 el Congreso ya había reducido el número de curules como parte de una reforma que promovía eficiencia. Volver ahora a 30 diputaciones, argumentó, no responde a una exigencia ciudadana, sino a una redistribución de cuotas políticas.
A nivel legislativo, se ha reportado que Morena, PAN y otras bancadas negocian el respaldo cruzado: apoyar la ampliación del Congreso —que beneficiaría a perfiles como Martínez Terrazas— a cambio de respaldar la desaparición de órganos autónomos incómodos para el Ejecutivo estatal y federal.
En redes y foros ciudadanos, la indignación crece. Las reformas podrían votarse en fast track antes del cierre del periodo ordinario. El riesgo es que, disfrazadas de reorganización electoral, terminen institucionalizando un retroceso en los derechos políticos de las mujeres y debilitando la transparencia estatal.
El desenlace aún no se escribe, pero los protagonistas ya están definidos. Y entre curules, cuotas y pactos en lo oscurito, lo que está en juego no es una simple reforma, sino el sentido mismo de la paridad democrática.
