- El Congreso aprobó reformas constitucionales en materia de igualdad y telemedicina, así como exhortos para infraestructura y justicia civil
- Se autorizaron medidas financieras propuestas por la gobernadora Teresa Jiménez para inversión municipal y refinanciamiento de deuda estatal
En asuntos generales se debatieron iniciativas sobre justicia cívica, educación, seguridad, violencia patrimonial y derechos civiles.
El Congreso del Estado aprobó reformas constitucionales y exhortos clave en materia de igualdad de género, infraestructura vial, justicia, salud y finanzas públicas. El central de los trabajos legislativos fue la reforma al Decreto 207 -ya declarada válida y enviada al Periódico Oficial del Estado- que ratifica la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, establece el deber del Estado de proteger el desarrollo familiar y garantiza el derecho de las mujeres al ejercicio de sus derechos en igualdad. De igual manera, se abordó un paquete de iniciativas y puntos de acuerdo clave enfocados en el desarrollo estatal
Infraestructura vial y conectividad priorizada
Con 18 votos, se aprobó el exhorto de la diputada Beatriz Montoya Hernández a la SICT para la construcción urgente de un distribuidor vial en la Carretera Federal 45, en Margaritas (Jesús María), además de dos puentes retorno, en Jaulas y Paseos de la Providencia (San Francisco de los Romo). El objetivo: mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de traslado y fomentar la movilidad en corredores urbanos congestionados.
Avance en justicia y modernización jurídica
Por un amplio respaldo (25 votos), se aprobó un exhorto al Poder Judicial estatal para reportar al Congreso sobre el estado del proceso de adopción del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se solicitó también informar la fecha prevista para pedir su declaratoria de vigencia.
Protección a la economía familiar
La diputada Daniela López impulsó un Punto de Acuerdo por unanimidad, con propuestas dirigidas al Congreso de la Unión para reformar el esquema del Buró de Crédito: excluir del buró las deudas menores a 8 000 pesos; reducir el tiempo de permanencia de registros de 72 a 36 meses; permitir dos consultas gratuitas al año, y generar constancia de cumplimiento en un máximo de 10 días post-regularización.
Esta iniciativa busca disminuir la presión financiera sobre las familias, facilitar su acceso al crédito y mejorar su historial crediticio.
Autonomía financiera municipal: créditos responsables
Con 20 votos favorables, la Comisión de Vigilancia avaló dos dictámenes de la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel: por un lado, otorgar a los municipios la facultad de contratar financiamiento para proyectos productivos sin comprometer su sostenibilidad; por otro, autorizar la reestructura o refinanciamiento de la deuda estatal actual para mantener niveles de endeudamiento dentro de parámetros aprobados por la Ley de Disciplina Financiera.
Innovación en salud pública
También por unanimidad, se aprobó la reforma impulsada por la diputada Mirna Medina para incorporar telemedicina en comunidades rurales. La medida integrará herramientas de información y comunicación para que especialistas puedan diagnosticar y dar seguimiento remoto, evitando el traslado de pacientes y fortaleciendo la atención.
Asuntos generales: diversidad legislativa y propuestas enfocadas
Finalmente, destacaron las intervenciones de legisladores sobre diversos temas sociales y derechos. Emanuelle Sánchez Nájera propuso responsabilidad civil a padres de menores que cometan infracciones o delitos. Lucía de León impulsó reformas para dotar de certeza jurídica a la Universidad de la Policía. Mirna Medina manifestó objeción a la “Ley Espía” por posibles violaciones a la privacidad. Alejandra Peña presentó reformas al Código Civil para resguardar el patrimonio en casos de disolución matrimonial. Adán Valdivia propuso tamizajes de salud mental escolares. Beatriz Montoya solicitó extensión del modelo de justicia cívica municipal. Nancy Gutiérrez planteó sanción penal para quienes coloquen “narcomantas”. Arlette Muñoz presentó un plan tecnológico para proteger talento y empleo. Yászú Muñoz solicitó redefinir legalmente “violencia física” para incluir agresiones con sustancias como el ácido. De esta manera, las y los legisladores del Congreso del Estado refrendó su compromiso con familias, mujeres, municipios y poblaciones vulnerables.
