No es un escándalo menor cuando el árbitro electoral decide no validar una elección. Menos aún si se trata de la que definirá a los nuevos rostros del Poder Judicial. Y sin embargo, eso fue lo que propuso Arturo Castillo, consejero del INE, al señalar las “profundas irregularidades” de la inédita elección judicial del 1 de junio. ¿La razón principal? La circulación masiva de acordeones —esas listas impresas que indicaban a quién votar— que, para sorpresa de nadie, coincidieron hasta en un 85% con los resultados finales.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Castillo se atrevió a decir en voz alta lo que muchos preferían ignorar: “el elefante en la sala” fueron los 37 modelos de acordeones detectados en al menos 15 estados del país y en los cuatro cargos nacionales clave —la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF—, donde las candidaturas ganadoras resultaron prácticamente idénticas a las promovidas en esos papelitos “ciudadanamente espontáneos”.
Castillo no se anduvo por las ramas: calificó esta práctica como una posible propaganda ilícita, financiada con recursos prohibidos, en abierta violación al artículo 96 constitucional. Aunque 22 de las 28 candidaturas aludidas se deslindaron del uso de acordeones, eso no le restó peso al hecho de que los patrones de coincidencia apuntan a una estrategia sistemática de inducción del voto, disfrazada de orientación ciudadana.
Y si bien las irregularidades en casillas (como votaciones del 100%, boletas fantasmas o tiempos de votación insólitos) representaron menos del 1% del total, Castillo insistió en que la magnitud no disminuye su gravedad. A fin de cuentas, cuando se trata de la legitimidad de quienes impartirán justicia desde la cúspide del sistema judicial, cualquier sombra de duda debería ser intolerable.
El consejero fue enfático: el INE no tiene facultades para anular la elección, pero tampoco está obligado a validarla. Su propuesta fue intermedia —y legalmente audaz—: no declarar la validez de las elecciones en los cargos mencionados, entregar constancias de mayoría únicamente como medida precautoria y remitir todos los elementos recabados a la SCJN y al TEPJF, para que decidan “lo que en derecho corresponda”.
Aunque algunos lo acusarán de tibieza por no exigir una nulidad tajante, otros ven en la propuesta un intento de marcar distancia frente a una elección visiblemente condicionada. Al final, Castillo también apuntó al Congreso de la Unión, señalando que la elección judicial fue organizada bajo una legislación incompleta, restrictiva y sin mecanismos eficaces de vigilancia. Un proceso frágil que abrió la puerta a sospechas y que, como él mismo lo resumió, fue “la elección posible, no la elección perfecta”.
La historia aún está en desarrollo. Por lo pronto, la elección que prometía democratizar el Poder Judicial ha terminado con una melodía desafinada. Y sí, con acordeón.
