Con 349 votos a favor —gracias al bloque oficialista de Morena, PT y PVEM— y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), una reforma que subordina a esta corporación al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y abre la puerta a que sus elementos, militares en activo, participen en la política electoral y ocupen cargos públicos con licencia directa del Ejecutivo.
Aunque la oposición mostró su desacuerdo, fue Movimiento Ciudadano (MC) el partido que articuló con mayor claridad las implicaciones de fondo de esta reforma. Para la diputada emecista Laura Ballesteros, esta medida no solo consolida la militarización de la seguridad pública, sino que “militariza la vida pública del país”, al permitir la participación política de militares activos y el uso de la inteligencia estatal sin salvaguardas democráticas. Su moción suspensiva fue desechada por Morena y aliados sin debate de fondo, lo que motivó a MC a anunciar un amparo inmediato contra la reforma.
Un cuerpo supuestamente civil… con disciplina militar
A pesar de que el dictamen habla de una GN con funciones civiles bajo una estrategia diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cierto es que el mando operativo, la capacitación, los ascensos, e incluso la certificación policial quedarán a cargo de Sedena. Además, los mandos serán militares en activo y se someterán al fuero castrense, lo que en la práctica convierte a la GN en una extensión del Ejército.
Desde MC se alertó que esta estructura viola la intención original de crear una Guardia Nacional civil. La reforma aprobada no solo contradice el diseño institucional vigente desde 2019, sino que cierra los canales de profesionalización civil en seguridad pública para sustituirlos por entrenamiento militar, aun cuando las funciones policiales son distintas en lógica y objetivos.
La vigilancia sin control y la amenaza a los derechos civiles
Uno de los aspectos más críticos de la reforma, expuesto con fuerza tanto por MC como por PAN, es la inclusión de tareas de inteligencia sin mecanismos claros de supervisión judicial. Se faculta a la GN para realizar operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas. La propuesta de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil y la interconexión de bases de datos públicas y privadas encendió alertas sobre una vigilancia masiva sin control ciudadano.
El diputado Guillermo Anaya (PAN) calificó el paquete de reformas como una “Ley Espía” que permitirá al gobierno obtener ubicaciones en tiempo real de cualquier persona sin necesidad de orden judicial. Para Rubén Moreira (PRI), esto representa una amenaza directa contra la oposición y el pluralismo político.
El intento de normalizar lo excepcional
Desde la bancada mayoritaria, Morena defendió la reforma argumentando que la formación militar garantiza orden, disciplina y profesionalismo. Sin embargo, MC respondió que esa misma narrativa justifica una peligrosa normalización de lo excepcional: fuerzas armadas realizando tareas civiles, sin rendición de cuentas civil, y ahora, con permiso para integrarse en estructuras de poder político-administrativo.
Incluso actos simbólicos, como la interrupción del debate legislativo para cantarle Las Mañanitas a la presidenta Claudia Sheinbaum desde la tribuna, fueron señalados por la oposición como signos del deterioro institucional. La diputada Paulina Rubio (PAN) criticó en tono irónico que “aunque los militares estudien macramé, siguen siendo militares”, subrayando el sinsentido de insistir en una apariencia civil sin sustancia.
MC se planta firme: no es solo seguridad, es democracia
Frente a la retórica oficialista que enmarca esta reforma como parte de una estrategia por la paz, MC ha sido enfático en que el fondo de la discusión es democrático. Para este partido, se está ante un rediseño profundo del sistema de seguridad que compromete la división entre lo militar y lo civil, y que abre la puerta a un modelo de gobernabilidad basado en la disciplina castrense, el control territorial y la vigilancia sin contrapesos.
La reforma —cuyas reservas aún se discuten en lo particular— no solo redefine la operación de la GN. También representa un parteaguas: o se robustece el poder castrense como núcleo del Estado mexicano, o se reafirma la vocación civil de su democracia.
