La Cámara de Diputados aprobó esta semana dos nuevas leyes en materia de seguridad pública que redefinirán el modelo nacional de inteligencia y coordinación operativa. Las reformas otorgan mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, al tiempo que integran formalmente a la Guardia Nacional al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con 368 votos a favor y 101 en contra, Morena y sus aliados (PT, PVEM y MC) avalaron una Ley de Inteligencia que permitirá a la SSPC y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) acceder, cruzar y procesar información de registros públicos y privados, incluidos datos fiscales, telefónicos, inmobiliarios y biométricos, con fines de prevención del delito.
La bancada oficialista defendió la iniciativa como una herramienta indispensable para anticiparse al crimen organizado. “Le damos un marco jurídico para prevenir y combatir este tipo de delitos”, explicó desde tribuna la diputada morenista Sandra Anaya. Añadió que la inteligencia “no será usada contra la democracia, sino a favor de la seguridad”.
Sin embargo, el PRI y el PAN criticaron que se trata de una legalización del espionaje, y cuestionaron la falta de transparencia en la aprobación del dictamen, que incluyó una adenda de 116 páginas introducida de último momento. El diputado Rubén Moreira denunció incluso errores técnicos en el documento, mientras que el debate se tensó con acusaciones personales y enfrentamientos verbales entre legisladores.
Nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
De manera paralela, también fue aprobada una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de modernizar el modelo de seguridad ciudadana y profesionalizar a los cuerpos policiales. La norma establece un plan rector de formación policial, estándares de certificación, nuevos criterios de evaluación del gasto público y mayor rendición de cuentas.
“Se trata de subsanar deficiencias estructurales del sistema anterior y armonizar las políticas públicas entre los tres niveles de gobierno”, dijo Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El nuevo marco normativo prevé alimentar diariamente los registros nacionales de seguridad, fortalecer la interoperabilidad con los sistemas de inteligencia, y otorga mayor autonomía operativa al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que podrá desarrollar centros especializados por entidad federativa.
Ambas leyes fueron aprobadas en medio de un ambiente polarizado en San Lázaro, pero perfilan un cambio estructural en el enfoque de la seguridad pública: uno que combina inteligencia, prevención y mayor control institucional, aunque no exento de controversia.
