Desde que Andrés Manuel López Obrador anunció con orgullo la creación de Litio para México (LitioMX) como la gran apuesta nacionalista para aprovechar el “oro blanco” sin intervención extranjera, han pasado tres años. ¿El balance? Más nómina que minería. A falta de proyectos productivos, la empresa estatal se parece menos a un brazo estratégico de soberanía energética y más a una oficina administrativa sin oficina propia.
Según el Informe de Gestión Gubernamental 2024, LitioMX no ha generado ni un solo peso en ingresos propios. Su presupuesto —que pasó de poco más de 2 millones de pesos en 2023 a casi 13 millones proyectados para 2025— se ha destinado en su totalidad a salarios, aguinaldos, ISSSTE y otros beneficios laborales de apenas 14 empleados. La operación real, la exploración o la transformación del litio, sigue siendo aspiracional.
El único logro concreto ha sido la obtención en laboratorio de carbonato de litio grado batería en colaboración con el CONAHCYT. Pero el propio director, Pablo Taddei, reconoce que están lejos de operar a escala. Apenas planean una planta piloto para 2025. Hasta ahora, ni siquiera pueden tocar la zona de reserva Li-MX1 en Sonora —epicentro del yacimiento más prometedor de México y antes concesionado a la empresa Bacanora Lithium, ahora propiedad de la china Ganfeng—, debido a un litigio internacional.
Y no es un pleito menor. Tras la cancelación de concesiones por parte del gobierno, Ganfeng llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington. El investigador del CIDE, José Roldán Xopa, advierte que México podría perder y verse obligado a pagar una indemnización multimillonaria, no sólo por lo invertido por la empresa, sino por las expectativas de ganancia truncadas. En el argot legal, se trataría de una expropiación regulatoria, una figura con alta probabilidad de condena contra el Estado mexicano.
Mientras tanto, en el papel, LitioMX es la única empresa con atribuciones para explorar, extraer, procesar, manufacturar y comercializar litio en el país. En la práctica, su campo de acción está limitado por falta de recursos, litigios ajenos y un diseño institucional que prioriza lo simbólico sobre lo operativo. “Somos como una start-up del Estado, lean y eficiente”, dijo Taddei en entrevista con WIRED en Español, aunque la eficiencia es difícil de evaluar cuando no se han puesto manos a la obra.
Los contrastes internacionales son incómodos. Países como Australia, EEUU o Canadá han destinado cientos de millones de dólares para la investigación, exploración y extracción de litio mediante esquemas público-privados. En México, el proyecto estatal no ha gastado ni un peso en esas actividades, mientras presume que “el litio es del pueblo”.
Paradójicamente, mientras la reforma constitucional de AMLO planteó que el litio no podrá ser concesionado a privados, PEMEX y CFE ya contemplan proyectos mixtos de desarrollo con propiedad social y privada. ¿Entonces? LitioMX camina en paralelo: sin minas, sin oficina propia, sin concesiones activas y sin claridad sobre cuándo —o si— será productiva. Por ahora, sólo es productiva… en gasto.
