Bajo presión
Erosión
Tajante, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral se negó a considerar las propuestas de los consejeros que sugirieron no validar la elección judicial. En un par de días, con votaciones cerradas de un voto de diferencia, ya se declaró la validez de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Guadalupe Taddei acusó de resistencias al proceso, incluidas en el interior del INE, evidenciando que en el Instituto les corre una prisa injustificada por dejar atrás la elección judicial.
Sí, el INE consiguió realizar la elección judicial con todo en contra, sin presupuesto, con un marco legal mal elaborado y en un tiempo récord. El organismo demostró la fortaleza institucional que muchos salieron a defender a la plaza pública; a pesar del esfuerzo, sigue en riesgo su autonomía, no por los consejeros alineados con el régimen, sino por la falta de compromiso con la pedagogía política y el respeto a las leyes.
Si bien los proyectos de validez de la elección judicial fueron aprobados por la mayoría destaca que, una vez más, algunos consejeros se opusieron tras señalar múltiples irregularidades y prácticas antidemocráticas, con especial énfasis en el reparto y uso de acordeones durante la jornada electoral del pasado 1 de junio.
La mínima mayoría encabezada por Guadalupe Taddei no tuvo empacho en reconocer esas prácticas antidemocráticas e hizo todo por sacar adelante la elección, de nada sirvieron las exposiciones de los consejeros que señalaron puntualmente todas las irregularidades, se quedarán en actas porque así lo decidieron seis consejeros, con la excusa legaloide de que el INE no puede declarar la nulidad de la elección, tergiversando la propuesta del consejero Arturo Castillo Loza, de “no declarar la validez” del proceso.
Fue Arturo Loza quien durante su intervención en el pleno del Consejo General del INE, se refirió a las “prácticas antidemocráticas” halladas y documentadas en 818 casillas instaladas en todo el país, si bien aunque reconoció el bajo porcentaje de representatividad, menos del 1%; por lo que enfatizó en la coincidencia de los personajes ganadores en elecciones nacionales con aquellos perfiles que fueron promocionados a través de los acordeones. “Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes me generan, al menos a mí, una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones”.
Los puestos en el INE no son eternos, no importa cuántas veces la mínima mayoría se incline ante la supuesta voluntad del régimen, tampoco importa si sus relevos mantienen esa misma línea de obediencia, porque el daño que le están haciendo a la institución, además de exhibirlos, está debilitando la capacidad institucional de defenderse de las posibles modificaciones con que el gobierno se quiera apoderar del INE.
En especial porque al darle gusto al régimen le dan la espalda a la ciudadanía y, como ocurrió durante el proceso electoral, a la pedagogía para poder ejercer nuestros derechos
La pedagogía democrática, esa que exige tiempo, explicaciones y voluntad de diálogo, ha sido sustituida por una administración silenciosa de daños. El INE ya no enseña, sólo tramita. La elección judicial fue un trámite más, envuelto en una retórica técnica que oculta decisiones políticas. En lugar de abrir cauces para la deliberación pública, el Instituto parece decidido a dejarse arrastrar por la lógica de la obediencia institucional: acatar, cumplir, justificar.
El mensaje que se manda es brutal: no importa si el proceso estuvo viciado, lo importante es que el resultado convenga. ¿Qué importa que haya evidencia de simulación, de voto inducido, de propaganda encubierta? ¿Qué importa que la legalidad se reduzca a un mero procedimiento si quienes lo aplican ya decidieron a qué poder deben rendirse?
El INE se aleja de su papel como árbitro confiable y se convierte en un notario del poder. Ese poder que busca someterlo, no mediante un asalto frontal, sino con un desgaste lento y meticuloso, a punta de acuerdos mínimos, omisiones deliberadas y “legalidades” convenientes.
No se trata de nostalgia por un pasado idealizado del Instituto. Se trata de reconocer que su legitimidad no radica en su historia, sino en su capacidad para resistir y explicarse en el presente. Cuando deja de hacerlo, pierde algo más que autonomía: pierde autoridad moral. Esa que lo hacía distinto, que lo ponía por encima de los partidos, que justificaba la confianza ciudadana.
Hoy, esa confianza se erosiona cada vez que el INE calla, cada vez que normaliza la anomalía, cada vez que convierte una elección cuestionada en una validación exprés.
El régimen sonríe. No necesitó reformar la Constitución para someter al Instituto. Bastó con convertir a su dirigencia en pieza dócil, en una mayoría complaciente que se escuda en tecnicismos para no asumir su responsabilidad histórica.
Pero el daño no es sólo institucional. Es pedagógico. Porque si el órgano garante del voto valida prácticas antidemocráticas, ¿qué le impide al ciudadano hacer lo mismo? ¿Qué le impide al siguiente gobierno, cualquiera que sea, repetir el guion?
La democracia no se sostiene en los márgenes de legalidad, sino en la convicción de que el procedimiento importa, incluso cuando incomoda.
Esa convicción, hoy por hoy, no habita en la presidencia del INE. El INE pudo haber sido faro. Eligió ser sombra. Nos están enseñando, con meticulosidad cruel, que obedecer vale más que defender, que validar es más sencillo que cuestionar, que el silencio institucional es menos costoso que la incomodidad de disentir.
Pero quienes aún creemos que las formas importan, que los procesos deben ser impecables, que la legalidad no es un obstáculo sino una garantía, no estamos dispuestos a aceptar este nuevo manual de simulación.
Coda. No se trata de si ganó tal o cual candidato, sino de si ganamos como sociedad al confiar en que nuestro voto fue respetado. Y eso hoy no lo sabemos.
@aldan