El popular Grupo Firme ha cancelado su presentación programada para el 1 de junio en el La Onda Fest, en Napa Valley, California. ¿El motivo? Un “proceso administrativo” que mantiene en revisión las visas del grupo y su equipo técnico, según comunicados oficiales publicados en sus redes sociales. Aunque la explicación inicial puede sonar burocrática, el contexto que envuelve este tipo de bloqueos migratorios para artistas del regional mexicano es más denso de lo que parece.
La banda liderada por Eduin Caz no es la única afectada. En semanas recientes, artistas como Julión Álvarez, Lorenzo de Monteclaro y Los Alegres del Barranco también han enfrentado cancelaciones por cuestiones de visado. Pero mientras unos alegan simples trámites retrasados, otros casos muestran una línea más explícita entre la política exterior estadounidense y el combate simbólico contra los llamados narcocorridos.
El antecedente más citado en esta trama es el de Los Alegres del Barranco, cuyas visas fueron revocadas luego de proyectar durante un concierto imágenes de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Joaquín El Chapo Guzmán. El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, fue claro: “No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”, refiriéndose a la vinculación entre ciertas expresiones culturales y la apología del delito.
Aunque Grupo Firme ha intentado evitar ese conflicto, el contexto no los ha favorecido. En abril, Eduin Caz anunció que dejarían de interpretar canciones relacionadas con figuras del narco y aclaró que las previamente incluidas eran ficciones musicales. La medida fue interpretada como una estrategia preventiva para no ser arrastrados en la política de tolerancia cero que, desde la administración Trump, viene imponiéndose contra artistas que rozan temáticas ligadas al crimen organizado.
La opacidad también reina en los procesos migratorios. La embajada de EE.UU. ha señalado que la información de visas es confidencial y que los llamados “procesos administrativos” pueden durar hasta 60 días, dependiendo del caso. Pero esa ambigüedad deja espacio para lecturas más amplias: el endurecimiento migratorio no es solo contra trabajadores irregulares o migrantes vulnerables, sino también contra expresiones culturales que no se alinean con la narrativa de seguridad estadounidense.
El caso de Julión Álvarez evidencia este panorama de forma paradigmática. Tras haber sido vetado en 2017 por presuntos vínculos financieros con el narco, regresó en 2023 a los escenarios estadounidenses. Sin embargo, recientemente se le volvió a cancelar una visa de trabajo justo cuando retomaba su gira. Las implicaciones van más allá del entretenimiento: se trata de la construcción de legitimidad cultural y de quién tiene permiso para cruzar fronteras con su voz, su banda y sus historias.
La cancelación de Grupo Firme es solo el síntoma visible de una política que combina diplomacia, control migratorio y censura simbólica. En el fondo, el regional mexicano —con sus contradicciones, su éxito internacional y sus narrativas de resistencia o fatalismo— se ha convertido en un campo de disputa cultural entre dos modelos de seguridad y moral pública. La frontera, como siempre, es más que una línea geográfica: es una puerta con cerradura política.
