En una comparecencia ante el Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi colocó a México en la lista de “adversarios extranjeros”, junto con Irán, Rusia y China, acusándolo de amenazar la seguridad nacional de su país a través del narcotráfico. La declaración marca una nueva escalada retórica y política por parte de la administración de Donald Trump, justo cuando el expresidente intensifica su agenda de seguridad nacional rumbo a su posible reelección.
Bondi no dejó espacio para matices: “No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro… no solo de Irán, sino también de Rusia, China y México”, afirmó, equiparando al país vecino con potencias militares rivales y estados señalados por terrorismo internacional. Según la fiscal, los “enemigos” no solo amenazan físicamente, sino que también “llenan a nuestros hijos con sobredosis de drogas”. En ese contexto, México fue mencionado explícitamente como cómplice —por omisión— del ingreso masivo de fentanilo a territorio estadounidense, pese a que datos oficiales recientes de los CDC indican una reducción del 26 % en muertes por esta droga y la CBP reporta una caída del 28 % en decomisos respecto al año anterior.
El senador Lindsey Graham, de línea dura y aliado cercano de Trump, reforzó el discurso acusatorio al declarar que “la mitad de México está gobernado por los cárteles” y urgió a que el país cambie su estrategia de combate al crimen organizado. La fiscal evitó responder directamente sobre el nivel de cooperación del gobierno mexicano, alegando que “sería mejor tener esa conversación en un entorno clasificado”.
Desde la perspectiva republicana, el narcotráfico se ha convertido en una cuestión de guerra, equiparable a las amenazas geopolíticas más críticas. Para Bondi, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son organizaciones con capacidad militar, alimentadas —irónicamente— por armas fabricadas en Estados Unidos. A pesar de que el senador demócrata Jack Reed cuestionó el papel de su país en el tráfico ilegal de armas hacia México, Bondi se limitó a afirmar que su administración ha confiscado 14,600 armas y detenido a traficantes, sin aclarar si se han reforzado los controles de venta dentro del propio territorio estadounidense.
Esta narrativa endurecida ocurre mientras México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha presumido avances en el control del tráfico de fentanilo. Durante su conferencia matutina de principios de junio, Sheinbaum celebró el Operativo Frontera Norte, que desde febrero ha asegurado casi 35 toneladas de drogas, incluyendo 223.48 kilos de fentanilo. No obstante, estos datos fueron ignorados por los funcionarios estadounidenses, cuyas declaraciones omiten cualquier gesto de reconocimiento a la estrategia mexicana.
Además de la crisis del fentanilo, otros factores agravan la tensión diplomática: el tráfico de armas, la migración y los nuevos aranceles comerciales —incluyendo un 50 % al acero y aluminio, y un impuesto del 3.5 % a las remesas— dibujan un panorama de confrontación más amplio. La retórica beligerante desde Washington contrasta con un discurso de contención desde Ciudad de México, pero también revela una estrategia electoral clara: volver a colocar a México como chivo expiatorio en la campaña de seguridad nacional de Trump.
El señalamiento de México como “adversario extranjero” no es solo un gesto simbólico. Establece un precedente diplomático inédito y potencialmente peligroso para una relación que, pese a los conflictos, es estructuralmente interdependiente. En otras palabras: si Washington empieza a tratar a su socio comercial más importante como enemigo, ¿cuánto puede resistir la frontera más transitada del mundo antes de que el discurso se vuelva acción?
